Después de la Cumbre, pelear por las reformas

Durante el desarrollo de la VIII Cumbre de las Américas —en la que se emitió el Compromiso de Lima sobre cómo combatir la corrupción en el hemisferio— la democracia peruana absolvió cualquier interrogante nacional e internacional sobre la pasada crisis de gobernabilidad, la renuncia del ex presidente Kuczynski y el nuevo gobierno de Martín Vizcarra. En la comunidad internacional existe la absoluta certeza de que la democracia peruana no tiene cuestionamientos y que la sucesión constitucional se ha desarrollado aplicando las normas institucionales establecidas en nuestra Carta Política. El gobierno de Vizcarra, como si se tratara de una asunción regular de mando, ha recibido el beneplácito de todas las democracias del hemisferio.

Casi simultáneamente se conoció una encuesta de Ipsos en la que el jefe de Estado lograba al inicio de su gestión un 57% de aprobación al inicio de su gestión, el Ejecutivo 46% y el Congreso 25%. Tremendas noticias luego de la crisis de gobernabilidad que acabamos de sortear. En este contexto solo resta decir “manos a la obra y no hay tiempo que perder”. Pero, ¿qué significa realmente manos a la obra? Es evidente que el Estado tiene que volver a funcionar asumiendo sus responsabilidades en la reconstrucción del norte y enviando claras señales de que el Gobierno se propone recuperar la seguridad ciudadana y el principio de autoridad. Es evidente también que el Ejecutivo tiene que comenzar a remar con velocidad para relanzar la inversión pública, reducir el déficit fiscal e incrementar la recaudación tributaria.

En ese camino, superar la inexplicable paralización del sector construcción —por el caso Lava Jato, pese a que todos los países de la región se han encontrado caminos para luchar contra la corrupción y preservar las inversiones— es un asunto de vida o muerte. Siempre vale anotar que se han destinado más de S/ 30, 000 millones (que representan el 4% del PBI) en asociaciones público privadas y obras por impuestos. Si no se relanzan estas inversiones la ralentización del crecimiento se agravará.

Sin embargo, para que el Gobierno de Vizcarra logre el éxito económico no solo debe incrementar la velocidad de gestión del Estado, sino también enviar claras señales a los mercados para que la inversión privada vuelva a ser la gran protagonista del crecimiento y del proceso de reducción de pobreza. Sobre todo luego de cuatro años de caída sostenida de la tasa de inversión privada, y después de que el 2017 las noticias sobre reducción de pobreza no parecen auspiciosas. Nadie descubre la pólvora si sostiene que la única forma de relanzar la inversión privada de manera sostenida es mediante reformas. Es decir, las reformas institucionales y del sistema de justicia, las reformas de la educación y del sistema de salud, y la solución de los problemas acumulados de infraestructura. El combate a la creciente informalidad exige una reforma de la costosa y sobrerregulada legislación laboral, pero también una decisión política de enfrentar el problema de la informalidad desde la cabeza del Estado.

No obstante que la inversión privada —que suma el 80% del total de lo invertido en el país— es la principal explicación de que el PBI se haya triplicado, que se haya reducido pobreza del 60% de la población a solo 20% y que se hayan expandido las clases medias, los diferentes gobiernos de la democracia post Fujimorato se han negado sostenidamente a desarrollar una nueva ola de reformas, como si se creyera que las reformas de los noventa alcanzan por sí solas.

En cualquier caso este es el único momento que tendrá el gobierno de Vizcarra para intentar hacer reformas y conseguir el respaldo político necesario.