¡Desarmando al policía!

Una sala de la Corte Judicial de Piura ratificó en segunda instancia la prisión preventiva del suboficial PNP Elvis Joel Miranda por haber utilizado su arma de fuego durante una intervención policial en contra de un avezado delincuente. De esta manera, las teorías que promueven las ONG marxistas —encabezadas por IDL— sobre “el uso indebido de la fuerza policial”, de una u otra manera, se impusieron en la conciencia de los fiscales y jueces que ratificaron la prisión preventiva del suboficial PNP. ¿Uso indebido de la fuerza en medio de una intervención policial contra un delincuente prontuariado? El asunto parece jalado de los cabellos. Un hecho que sería inaceptable en cualquier sociedad desarrollada en la que funcione el contrato social y la policía sea una pieza clave de ese contrato.

Para todos son conocidos los “estudios sobre la crisis policial” que suelen desarrollar las ONG de izquierda sobre la base de una supuesta defensa de los Derechos Humanos. Desde el punto de vista de este portal la supuesta protección de los DD.HH., en realidad, es una estratagema que ha buscado socavar la autoridad del Estado, crear un “ Estado de derecho” funcional a las estrategias de los sectores y organismos marxistas que funcionan en la sociedad.

Por ejemplo, la teoría del uso indebido de la fuerza, en la práctica, ha terminado desarmando a la policía nacional. Las ONG antimineras han logrado detener la producción de cobre en el Perú gracias a la evidente indefensión jurídica de la policía, con el argumento de “la criminalización de la protesta”. Si la policía no estuviese desarmada jurídicamente, si los fiscales y jueces no se inhibieran de investigar y procesar a los violentistas que amenazan la propiedad pública y privada e, incluso, la vida de las personas, ¿acaso se hubiesen bloqueado Conga, Tía María y se hubiese detenido las inversiones de cobre en el Perú? Es evidente que no.

La virtual indefensión jurídica de la policía que promueven las ONG marxistas, en la práctica, ha convertido al Perú en el único país de la región en donde se asesina impunemente a los efectivos: en el Baguazo se degolló y asesinó a más de 20 policías, y en un desalojo en Chiclayo dos policías fueron abatidos por francotiradores. Al cierre de esta edición, en el Corredor Minero del Sur los activistas antimineros lanzaban una ofensiva en contra de Las Bambas y Antapaccay (que aportan más del 1% del PBI), con ataques a campamentos policiales incluidos, ante una indefensión general de la policía y el terror de jueces y fiscales.

Las investigaciones y estrategias de IDL y las ONG marxistas sobre la policía y las capacitaciones de magistrados no son, pues, solo asuntos intelectuales, sino que tienen enormes consecuencias en el funcionamiento del Estado de derecho y el virtual desarme jurídico del policía. En este contexto, en la policía y en las comisarías comenzará a gestarse una corriente abstencionista en cuanto a la protección de la sociedad. ¿Qué efectivo arriesgará su vida y el futuro de su familia si sabe que por aplicar la ley, tarde o temprano, será judicializado y encarcelado?

Ahora bien, no se trata de cargarle las responsabilidades a los activistas marxistas. De una u otra manera la sociedad y las corrientes democráticas han abandonado sus responsabilidades con la urgente reforma de la policía, no obstante que la ola criminal amenaza a la propia gobernabilidad. ¿En dónde están las propuestas de reforma de los sectores democráticos? Quizá también el camino pase por emular, por ejemplo, esfuerzos como el de la Asociación de Bancos: se construirán 800 comisarías, con infraestructura y tecnología de punta, mediante una inversión de US$ 2,000 millones, con la modalidad de obras por impuestos.

En cualquier caso, es evidente que abandonar a la policía es una manera de abandonar la defensa del Estado de derecho. ¡Suboficial Miranda, libertad!