La comisión de Constitución del Congreso de la R...
En medio de la polarización nacional que se desata entre el Gobierno y la oposición alrededor de las investigaciones del Ministerio Público con respecto al entorno de Palacio y los debates sobre la vacancia y las acusaciones constitucionales, comienza a pasar desapercibido que el Gobierno está cambiando el modelo a través de decretos supremos. Ante esta situación, el Congreso, el órgano encargado de controlar la legislación del Ejecutivo, al parecer, ha decidido no hacer nada.
Los decretos laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) –que prohíben la tercerización laboral, que fomentan la sindicalización por fábrica, sectores productivos, grupos empresariales y liberalizan en extremo el derecho de huelga–, por ejemplo, han motivado el retiro de los gremios empresariales del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) del MTPE. El motivo: los mencionados decretos no fueron consultados en el señalado consejo y, las cosas son tan graves, que la propia Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado en contra de estos procedimientos.
En otras palabras, el sector que genera más del 80% de los ingresos fiscales del Estado y crea más del 80% del empleo ya no participa de ninguna consulta sobre la legislación laboral porque el Ejecutivo no consulta en el CNT y ha decidido legislar en contra de la inversión privada. Sin embargo, en el Congreso la mayoría que defiende la Constitución y se opone a la constituyente no se atreve a iniciar el camino de la derogación de estas normas en contra de la inversión privada.
Algo parecido sucede en el Ministerio de Educación (Minedu) con respecto a la carrera pública magisterial y la estrategia de control de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep) –de orientación radical maoísta– del sistema educativo peruano. Como todos sabemos el Minedu, en la práctica, está cogobernando con el Fenatep el sector Educación. Por ejemplo, se ha promulgado un decreto que cambia el sistema de elección de autoridades de la Derrama Magisterial, con el objeto de facilitar el control de la Fenatep de esta entidad previsional que maneja más de S/ 3,000 millones de los maestros y es vigilada y controlada por la Superintendencia de Banca. El decreto viola el estatuto interno de una organización privada. Sin embargo, en el Congreso no hubo mayoría para derogar la norma. ¿El Congreso favorece los intereses maoístas en la educación? Increíble.
De otro lado, se han promulgado dos resoluciones viceministeriales del Minedu que paralizan el proceso de carrera pública magisterial. Alrededor de 20,000 directores de colegio (cerca del 45% del total) –que fueron designados el 2014 y ratificados el 2018– ya no serán ratificados mediante concurso cuando venzan sus plazos en el cargo. A partir de allí se designarán “encargados” de las direcciones que tendrán dos funciones: evaluar “las clases modelos” de los 80,000 maestros que participan en el concurso de la carrera pública magisterial y luego convocar al propio concurso de los directores. ¿Alguien duda que los encargados de las direcciones no serán activistas sindicales vinculados a las corrientes maoístas? En cualquier caso, vale revisar la historia sobre la tragedia y el terror que causó el maoísmo en los ochenta, cuando llegó a controlar la educación.
A la mayoría del Congreso, que dice defender la Constitución, al parecer, no le interesan los decretos ni las resoluciones que favorecen al Fenatep en el Minedu.
El Ejecutivo, entonces, en medio de la polarización nacional comienza a avanzar a paso firme en determinados sectores claves del Estado; es decir, en sectores que le permiten acumular en el camino de una asamblea constituyente. La oposición, por el contrario, con las manos en los bolsillos silba mirando al cielo.
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