Cuando una impresionante movilización campesina se convirtió en violación sistemática de DD.HH.

La guerra de las rondas y los comités de autodefensa (DECAS) a fines de los ochenta e inicios de los noventa fue una de las mayores movilizaciones campesinas de la historia republicana. En cualquier caso, hay una gran deuda de los investigadores y de los historiadores con este proceso. Sin embargo, esa gesta campesina se convirtió en motivo de una de las polarizaciones políticas más feroces de la historia nacional. En vez de sembrar las calles de las ciudades con los bustos y estatuas de los héroes campesinos, el Perú se negó a aceptar esos procesos y el informe de la Comisión de la Verdad sostuvo que en el Perú se desarrolló “una violación sistemática de Derechos Humanos y un conflicto armado interno”.

El factor determinante de la estrategia contrasubversiva en el Perú fue la movilización campesina. ¿Por qué? El Partido Comunista Sendero Luminoso, de ideología maoísta, pregonaba la guerra popular del campo a la ciudad. Bajo esa estrategia el terrorismo senderista llegó a controlar una tercera parte del territorio nacional, principalmente, en al área rural. Por ejemplo, en el Valle del Río Apurímac, Mantaro y Ene (VRAEM) controlaron 200 poblados con una lógica de hierro: jefe político, militar y de logística, mientras el llamado ejército guerrillero popular movilizaba entre 500 y 1000 milicianos con enorme capacidad de fuego. 

¿Cómo entonces el Perú pudo ganar la guerra contra el terror con tanta rapidez, no obstante que a Colombia ya le demanda más de medio siglo? La única explicación: la alianza del campesinado con las fuerzas armadas. Las DECAS molieron el control terrorista en verdaderas batallas de infantería y el comunismo derrotado en el campo trasladó su acción terrorista a las ciudades, bombardeando de aquí para allá. Para todos es conocido que el terrorismo en las ciudades es extremadamente vulnerable y, en ese contexto, los policías del GEIN capturaron a Abimael Guzmán y la mayoría del mando terrorista.

La movilización campesina es la única explicación del rápido triunfo sobre el terrorismo. Si los hombres del campo hubiesen apoyado a Sendero, el Perú seguiría luchando contra esa lacra, tal como pasa en Colombia. ¿Cómo entonces se puede hablar de violación sistemática de DD.HH. frente a una guerra contrasubversiva con una de las mayores movilizaciones campesinas en la región? Es un verdadero absurdo. En este contexto, las violaciones de Derechos Humanos que hubo en la lucha contrasubversiva, son incuestionables excepciones que no respondían a una política de Estado. De ninguna manera.

Y si las cosas son así la idea de que en las fuerzas de seguridad del Estado existía un mando centralizado desde la presidencia de la República que “conducía la violación sistemática de DD.HH.” se cae como un castillo de naipes. No resiste el menor análisis. Y, por lo tanto, se derrumba la teoría de la autoría mediata con el que se condenó a Fujimori por violaciones de DD.HH. y se le pretende seguir judicializando no obstante el indulto con respecto a sus sentencias y los procesos que enfrenta.

Las reflexiones sobre la reciente historia, pues, tienen mucho que ver con la política y la terrible polarización que afecta al Perú. De allí que la posibilidad de aceptar diferentes interpretaciones históricas, diversos relatos y narrativas, sea una de las claves para avanzar a un nuevo entendimiento nacional.