Cuando se pretende convertir a la Constitución en letra muerta

Luego del fallido golpe de Pedro Castillo, los llamados sectores progresistas han iniciado una de las más feroces campañas de demonización en contra del Congreso. No negamos que la actual representación parlamentaria ha acumulado, como se dice, todos los errores habidos y por haber. Sin embargo, desarrollar una campaña en base a encuestas, leyendas y medias verdades, en contra del Legislativo, con el objeto de adelantar las elecciones, nos parece una conducta aventurera e irresponsable, sobre todo considerando que el Perú acaba de superar una devastadora amenaza al sistema democrático.

Compartimos la voluntad de amplios sectores para que se investigue y se sancione a los llamados “niños” y “mochasueldos” del Congreso, pero también se debe reconocer que sin este Legislativo no se habría detenido la asamblea constituyente ni el golpe de Castillo. Vale recordar que todos los proyectos del eje bolivariano han quebrado las democracias en la región cuando contaron con respaldo de los congresos.

Por todas estas consideraciones, nos parece absolutamente inexplicable la manera cómo el progresismo nacional se ha lanzado a cuestionar la decisión del Congreso de encargar a la Comisión de Justicia del Parlamento una investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por falta grave (supuesta intromisión en los fueros del Legislativo). Se argumenta que se atenta contra el constitucional equilibrio de poderes. Se llega a sostener que el Congreso está liquidando la democracia y que se ha instaurado una dictadura congresal.

Si la Constitución de 1993 establece que el Congreso puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, luego de una investigación sumaria y con el voto de dos tercios de los representantes, ¿por qué el progresismo asevera que se viola la Constitución? Desde un pronunciamiento apócrifo de las Naciones Unidas hasta respaldos institucionales de universidades parecen repetir el argumento de que se está alterando el equilibrio de poderes, sin invocar un solo artículo de la Constitución. ¿Qué sucede? ¿Acaso el debate constitucional se ha convertido en una guerra de comunicaciones?

Vale recordar que fue el ex presidente Martín Vizcarra el primero en invocar el uso del artículo 157 de la Constitución para exigir la remoción de los miembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (ahora JNJ). La demanda de Vizcarra contó con gran apoyo popular y el Congreso se allanó a la demanda presidencial. Los mismos sectores progresistas que hoy denuncian una supuesta alteración del equilibrio de poderes alentaron, promovieron y materializaron la remoción de los ex integrantes del ex CNM.

Este estado de cosas nos revela que ha surgido una especie de constitucionalismo que relativiza de tal manera la Carta Política que el documento constitucional termina siendo letra muerta. Es el mismo sector que sacaba argumentos jurídicos –tal como el mago saca conejos del sombrero– para señalar que el Congreso no podía ejercer la función –exclusiva y excluyente– de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Es el mismo sector que respaldó la decisión de algunos jueces provisionales de aceptar amparos y detener la elección de los magistrados del TC. Es el mismo sector que señala que el nuevo TC, recientemente elegido, carece de legitimidad porque ya no controlan la corte constitucional.

Pero lo más grave de este sector es que apoyó el golpe de Estado de Vizcarra de setiembre del 2019, un golpe que se perpetró invocando “una denegación fáctica de confianza”, una figura que no existe en la Constitución del Perú. El golpe de Vizcarra pretendió ser envuelto en constitucionalidad con este sibilino argumento, porque tuvo un gran respaldo popular y el apoyo de los mandos militares de entonces.

El Perú necesita un gran acuerdo nacional que solo puede pasar por el respeto irrestricto de la Constitución, un acuerdo de derechas e izquierdas que se comprometan a respetar la Carta Política, guste o no guste, y destierren a los magos constitucionales que inventan figuras de acuerdo a las coyunturas.