Convocar al sector privado para enfrentar el bajo crecimiento y el fenómeno de El Niño

Las proyecciones de un crecimiento económico debajo del 2% del PBI, por la violencia contra el Estado de derecho durante el verano pasado y las lluvias del ciclón Yaku, convierten al 2023 en un escenario aterrador para el sistema republicano y las libertades. ¿Por qué? El bajo crecimiento que aumenta la pobreza y la falta de inversiones y de obras de prevención, podrían disparar la irritación nacional, no solo en el sur sino también en el norte del país.

Ante esta situación el Ejecutivo y el Congreso deberían entender una verdad incuestionable: llegamos a este momento con un Estado disfuncional, con un Estado incapaz de gastar la riqueza que aportan los privados a través de los impuestos y de proveer servicios mínimos; entre ellos, por ejemplo, el de la seguridad. Y si a estos hechos le agregamos la extendida corrupción pública, que ha convertido la inversión estatal en una suma de delitos e irregularidades, entonces surge la pregunta: ¿cómo enfrentar las emergencias del bajo crecimiento y la falta de obra pública?

En este contexto creemos que el Ejecutivo y el Congreso deberían reconocer las limitaciones actuales del Estado y convocar al sector privado, que aporta el 80% de los ingresos del Estado y provee más del 80% del empleo. A veces el mejor análisis, la mejor reforma, parte de reconocer las limitaciones e imposibilidades. Y es absolutamente imposible que exista un plan de emergencia para enfrentar la ralentización del crecimiento y la inversión en obras de prevención desde un Estado colapsado.

Si el Ejecutivo establece “regiones pilotos” –o como se quieran denominar– en las que se convoque a los gobernadores regionales y a los alcaldes provinciales, se podrían crear plataformas para organizar al sector privado nacional y regional y a la propia sociedad para que impulsen un plan de inversiones para enfrentar la crisis. En otras palabras, se debería apuntar a convertir al sector privado en el protagonista central de la inversión.

Es incuestionable que para avanzar en este camino se necesita la voluntad de los poderes del Estado, de los gobiernos regionales y locales, y las reformas legales pertinentes. Sin embargo, se debe entender que no es posible hallar la solución de los problemas dentro de la actual burocracia estatal. El sector privado es el único que cuenta con la gerencia y los recursos humanos para materializar un plan de emergencia eficiente y con más transparencia.

Una apuesta de ese tipo no solo reactivaría gran parte de la inversión privada, no solo posibilitaría impulsar reformas legales a favor de la inversión –sobre todo en infraestructuras–, sino que también contribuiría a la reforma general del Estado. Como todos sabemos, cuando se habla de reformas para relanzar el crecimiento y la productividad de la economía, uno de los temas más mencionados es la simplificación de las sobrerregulaciones y procedimientos que han convertido al Estado peruano en uno de los más burocráticos de la región. Es imposible convocar al sector privado a semejante movilización sin avanzar en la simplificación administrativa del Estado.

Una de las principales explicaciones del fracaso del Estado peruano en la generación de infraestructuras es la escasa institucionalidad que se ha organizado para facilitar estas inversiones. Bueno, frente al bajo crecimiento que amenaza a la democracia con el aumento de pobreza y ante la posibilidad de que se levante un descontento nacional por falta de un shock de inversiones en el sur y la ausencia de obras de prevención, ha llegado la hora de impulsar este tipo de cambios y reformas. No hay otro camino.

Si el Ejecutivo y el Congreso creen que es posible seguir administrando la crisis de cara hacia el 2026, de una u otra manera estarían entregando el país a los enemigos de la democracia.