Contra ineficiencia y corrupción, ¡el Perú debe marchar este 5 de noviembre!

El próximo 5 de noviembre diversos políticos, intelectuales, periodistas y miembros de la policía nacional y de las fuerzas armadas en retiro están convocando una marcha nacional para exigir el relevo del presidente Pedro Castillo. Creemos que todos los peruanos de buena voluntad deben apoyar esta iniciativa y sumarse a la movilización ciudadana.

Asimismo, la masiva expresión ciudadana el próximo 5 de noviembre también debería ser una notificación a la Misión de Observadores de la OEA acerca de que los problemas de la democracia únicamente provienen de un jefe de Estado y de un gobierno que, desde el primer día en el poder, pretendieron gobernar en contra de la Constitución e impulsar una asamblea constituyente para entronizarse en el poder.

Igualmente, la falta de diálogo, la falta de voluntad para entenderse en el país, solo se explican por la voluntad de un Presidente de gobernar exclusivamente con activistas y militantes de las corrientes comunistas, al margen de sus aptitudes y calificaciones profesionales para el cargo. Una conducta que está destruyendo el Estado desde adentro, que lo lleva a la implosión. La inestabilidad política entonces es obra directa de Pedro Castillo y el gobierno de las corrientes comunistas.

Semejante estado de cosas ha llevado a poner en peligro de manera absoluta todos los logros económicos, sociales, políticos e institucionales, que el Perú había alcanzado en las últimas décadas. Más allá de cualquier cuestionamiento, marcha atrás o límite, el sistema republicano en el Perú acumula cinco elecciones sucesivas sin interrupciones y el modelo económico ha permitido triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia (hoy está en por encima del 25%). 

En medio de esta situación, la pregunta que surge es si un jefe de Estado –es decir, la máxima autoridad de una nación– demuestra probada incapacidad moral permanente y pone en peligro todos los logros de la sociedad y el Estado, ¿acaso la democracia no tiene derecho a reparar el grave daño de haber elegido al peor de los candidatos? ¿Acaso los peruanos no podemos ejercer legítima y constitucionalmente, a través del Congreso, la vacancia por incapacidad moral permanente y desarrollar acusaciones constitucionales?

Y si el jefe de Estado acumula seis investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, que lo vinculan con un entorno delictivo, ¿acaso es inconstitucional contemplar la posibilidad de una suspensión temporal, tal  como lo prescribe la Carta Política? 

Una sociedad puede equivocarse eligiendo al peor candidato y al menos preparado para el cargo, tal como ha acaecido en el país. Sin embargo, también tiene la posibilidad de reparar semejante error si es que las instituciones actúan de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes nacionales. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con los procesos de control político que se desarrollan en el Congreso y con las investigaciones que impulsa el Ministerio Público.

De alguna manera el desgobierno nacional, la ineficiencia y la corrupción, que se han desatado durante la administración Castillo, representan las pruebas más duras a que se somete un texto constitucional. Es decir, la crisis actual está probando, con una de las situaciones más extremas, si la Constitución de 1993 está en condiciones de resistir todos los efectos desorganizadores de la situación. Y la única manera como una sociedad preserva una constitución en el momento más difícil es respetando escrupulosamente las instituciones y los procedimientos establecidos en el propio texto constitucional.

En el Perú, la oposición al Gobierno ha respetado absolutamente la Carta Política de 1993. Todo lo demás corresponde a narrativas de encubrimiento. En ese sentido debemos avanzar hacia una transición constitucional del desastre nacional causado por esta administración.