¡Continúa el golpe de Estado de Castillo y del eje bolivariano!

Minorías radicales, sin mayor apoyo de la población nacional, pero muy bien organizadas, continúan el objetivo principal del fracasado golpe de Estado de Pedro Castillo: quebrar el Estado de derecho y forzar desde las calles la convocatoria de una asamblea constituyente. Con ese objetivo radicalizan los programas de las minorías violentas –sobre todo en el sur del Perú- y desarrollan abiertos enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objeto de causar muertes lamentables. En Andahuaylas, se acaba de conocer de dos lamentables muertes (uno de ellos es un menor de edad). 

El programa de las minorías radicales, de las corrientes comunistas y colectivistas, vinculadas al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, es la liberación de Pedro Castillo y su conversión en “un preso político”, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente. Es decir, el programa de estas minorías radicales es el quiebre del Estado de derecho.

La liberación de Pedro Castillo, no obstante que perpetró un golpe de Estado, en vivo y en directo, ante los más de 30 millones de peruanos, significaría que el principio de autoridad de la República se desmoronaría como un castillo de naipes. La Constitución Política del Perú, todas las leyes nacionales, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), serían desautorizados en el acto. Felizmente, ayer en la noche, el Legislativo acordó levantar el antejuicio político que le correspondía a Castillo y a partir de ahora será procesado como cualquier ciudadano.

La liberación de Castillo y su conversión en preso político, al establecer el criterio de que se puede quebrar la Constitución y el Estado de derecho ante y vista y paciencia del planeta entero, sin asumir consecuencias por la acción golpista, significaría el empoderamiento de todos los sectores radicales del Perú que promueven el asalto de las principales minas del país y la colectivización del tejido empresarial del Perú. 

En otras palabras, el principio de autoridad del Estado republicano se derrumbaría desde el vértice hasta la base, generándose “una verdadera situación revolucionaria”, en la que minorías radicales formarían soviets para controlar empresas mineras, agroexportadoras y crear milicias populares que controlen las principales carreteras del país.

Por todas estas consideraciones, es lamentable reconocer que, de una u otra manera, el destino del proceso judicial de Pedro Castillo está vinculado al futuro y la vigencia del Estado de derecho en el Perú. Es en este contexto que, desde el Ejecutivo y el Legislativo, se ha anunciado la voluntad de adelantar las elecciones para el 2024. A nuestro entender el adelanto general de elecciones servirá para la consolidación del sistema republicano siempre y cuando se procesen urgentes reformas políticas e institucionales que posibiliten mejorar la calidad y legitimidad de la representación nacional. 

En función de esos objetivos es urgente discutir la posibilidad de establecer un Senado, de prohibir la devastadora medida de prohibir la reelección de los parlamentarios, de crear distritos electorales más pequeños –vinculados a los intereses concretos de la población– y avanzar en la reforma del sistema electoral.

Para avanzar por ese camino es incuestionable que se requiere una gran convergencia nacional, una enorme capacidad de ceder y de entender que el sistema republicano en el país ha llegado a un momento límite: o se reforma la Carta Política, con los propios procedimientos y herramientas establecidas en la Constitución, o se desata la anarquía que favorezca la instalación de un sistema soviético.