¡Congreso defendió la Constitución ante destrucción de Castillo!

Hoy, todos los peruanos de buena voluntad tenemos absoluta claridad sobre que durante el gobierno de Pedro Castillo se pusieron todos los recursos del Estado al servicio del proceso insurreccional que contemplamos en vivo y en directo algunos días atrás. Los bloqueos de las vías nacionales para desabastecer a las ciudades, el ataque a los sistemas energéticos e hídricos de la sociedad, el incendio de locales públicos y empresas y el ataque a los aeropuertos nacionales, no habrían sido posibles sin los recursos del Estado, sin los impuestos que los sufridos peruanos pagamos a un Estado indolente. Felizmente, la acción de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP) ha permitido restablecer el orden momentáneamente.

La utilización del Estado para respaldar la insurrección tuvo una contraparte en la estrategia institucional de la izquierda. Castillo, el Movadef y Perú Libre propusieron la asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos naturales a través de diversas iniciativas. Sin embargo, el Congreso y una clara mayoría de legisladores se erigieron en muralla infranqueable para este tipo de iniciativas. Por ejemplo, el proyecto para convocar un referendo en que se consulte la pertinencia de una asamblea constituyente fue archivado en la Comisión de Constitución del Congreso. Igualmente, ninguna de las iniciativas para nacionalizar recursos naturales prosperó en el Legislativo.

Unos días atrás, en el Congreso se aprobó la reforma constitucional para recortar los mandatos del Ejecutivo y el Congreso y, una vez más, las izquierdas comunistas volvieron a agitar a favor de una constituyente, como la solución de todos los problemas nacionales. La famosa asamblea constituyente se ha convertido en un estribillo que sirve a las izquierdas y al comunismo como un detergente limpia todo: el desgobierno nacional, la ignorancia sobre los asuntos públicos e, incluso, la corrupción.

Más allá de legítimas críticas al Congreso, una clara mayoría se opuso abiertamente a cualquier intento de quebrar la institucionalidad, no obstante las poderosas presiones de la sociedad. En ese sentido, a pesar de los yerros gigantescos, de alguna manera hoy debemos agradecer al Congreso por la continuidad del Estado de derecho.

Igualmente, el Legislativo tuvo una destacada actuación con la aprobación de una ley “que repetía y confirmaba” lo que estaba claramente prescrito en la Constitución: que cualquier iniciativa de reforma parcial o total de la Constitución debía pasar previamente por el Legislativo. En ese contexto, un posible referendo para consultar a la ciudadanía sobre una reforma constitucional antes debería tramitarse en la cámara legislativa. Más tarde el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de esta norma.

Uno de los aspectos más destacados del Congreso en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho fue la ley sobre el uso de la cuestión de confianza. Una ley del Legislativo estableció que el Ejecutivo no podía utilizar la confianza en contra de funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, tal como sucedió con la barbarie jurídica de “la denegación fáctica de confianza”, que permitió cerrar el Congreso utilizando una figura que no existe en la Constitución. 

Luego de la señalada norma, el Ejecutivo se quedó sin la envoltura que le habría permitido maquillar un golpe de Estado. Y, efectivamente, así sucedió. El día que Pedro Castillo se convirtió en dictador no tenía argumentos para utilizar la institución de la confianza a su libre albedrío, tal como había sucedido durante el golpe de Estado de Martín Vizcarra.

En resumidas cuentas, el Congreso acumula muchos errores y una desaprobación ciudadana que estremece. Sin embargo, debemos ser capaces de superar las narrativas y leyendas que suelen organizar las corrientes comunistas y progresistas y reconocer que, sin los aciertos del Legislativo, no habría sido posible la defensa del Estado de derecho.