¿Cómo evitar mayor deterioro? El Perú en guerra política sin acuerdo nacional.

La agenda pública del país está focalizada en la judicialización de la política. No hay espacio para tratar los asuntos de la gobernabilidad, y si se abordan semejantes temas se desactualizan con extrema rapidez. En este contexto, los protagonistas del proceso público son las denuncias, los fiscales, los jueces, los operadores de justicia, los abogados; y de pronto, todo el sistema republicano parece haberse convertido en un gran tribunal. El periodismo, los comunicadores y las redes sociales tampoco escapan a este fenómeno.

Si el espacio público nacional sigue en esta ruta, las tendencias autodestructivas de la sociedad se afirmarán y el escenario del 2026 será absolutamente favorable para el antisistema. Una posibilidad de abandonar este devastador escenario podría ser el establecimiento de un acuerdo nacional en el que los partidos políticos, los políticos y los actores públicos, acuerden un plan mínimo de reformas hacia el 2026 y encapsulen los asuntos judiciales estrictamente al marco de los operadores de justicia.

Sin embargo, el gran problema del país es que la fragilidad de los partidos es extrema, no hay políticos con convocatoria y predicamento, y la izquierda progresista, muy influyente en los medios de comunicación, tampoco tiene una representación política. Todos los progresistas pretenden hacer política proclamándose académicos universitarios, activistas de la sociedad civil, periodistas y se niegan a asumir su papel de políticos. He allí también uno de los grandes problemas de la política.

¿Qué es lo que pretendemos señalar? Que la realidad parece indicarnos que no es posible organizar un acuerdo nacional para superar esta etapa de la política peruana en que todos guerrean contra todos. Una situación que grafica la enfermedad del proceso político nacional. Y lo dicho vale para las derechas, los centros y las izquierdas democráticas, más allá de las corrientes comunistas que proclaman su vocación antisistema a través de la propuesta de la asamblea constituyente.

En este contexto, el deber de todos los demócratas es seguir apostando por mantener la estabilidad política hacia las elecciones nacionales del 2026 y garantizar el cambio de gobierno. Asimismo, es fundamental respaldar a los sectores institucionalistas y a favor de la inversión privada en el Ejecutivo y en el Congreso, con el objeto de evitar un mayor deterioro de la crisis política, institucional y económica e, inclusive, tentar la posibilidad de algunas reformas.

Por el lado del Congreso, al parecer, se avanzará hacia la reforma del sistema político y del sistema judicial. El proyecto de la bicameralidad parece que se concretará, se derogará la absurda prohibición de reelegir a los congresistas y se aprobarán normas que empoderen a los partidos. Por el lado del sistema de justicia todo indica que se avanzará en una reforma constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados. De alguna manera, en el Legislativo se registra una orientación en los asuntos institucionales.

Es en el terreno de la economía donde ni en el Ejecutivo ni el Congreso parece existir claridad. En el gobierno no se define con claridad el futuro de Petroperú y la posibilidad de nuevos rescates financieros que dinamitan la estabilidad fiscal y hacen imposible cumplir las metas de reducción fiscal. ¿Cómo se puede crear confianza para relanzar la inversión privada si algunos pretenden seguir jugando con el delicado tema fiscal?

Por el lado del Congreso, a pesar de existir una clara mayoría que detuvo el golpe fallido de Pedro Castillo, no se derogan los decretos laborales promulgados por Perú Libre que fomentan el enfrentamiento de clases entre trabajadores y empresarios en contra de todos los principios constitucionales de nuestra Carta Política. Y, por otro lado, no se conoce de una sola iniciativa para destrabar inversiones y enfrentar la terrible burocratización del Estado.

Cuando reflexionamos sobre estos asuntos no nos planteamos una gran ola de reformas. En realidad, se trata de detener el deterioro general, de evitar la caída libre. Así sucede en una sociedad sumergida en una guerra política, sin posibilidades de acuerdo nacional.