Civiles: ¡a recuperar el sur del Perú!

Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional del Perú (PNP) se están encargando de restablecer el Estado de derecho, luego de la insurrección que lanzaron las corrientes comunistas y colectivismos vinculados al eje bolivariano. Sin embargo, el relato progresista –que pretende culpar a nuestros soldados y policías de las 25 lamentables muertes de peruanos– es intenso y puede avanzar si los civiles y las instituciones no defendemos a las fuerzas del orden.

En otras palabras, se nos quiere convencer de que los responsables de las trágicas muertes de peruanos no son quienes bloquean vías nacionales para desabastecer a las ciudades, quienes atacan más de 20 comisarías y dejan 300 policías heridos de gravedad, quienes atacan los aeropuertos nacionales, quienes incendian y destruyen los locales del Ministerio Público y el Poder Judicial para proteger a las economías ilegales (minería ilegal y narcotráfico, por ejemplo). Para cualquier peruano de buena voluntad o en cualquier país del planeta –al margen de las ideologías– los responsables de las trágicas muertes de peruanos son las vanguardias comunistas que atacan aeropuertos. O, ¿acaso se pretende que los soldados escolten a los insurrectos a destruir la infraestructura nacional?

Sin embargo, ¿por qué en el Perú puede prosperar un relato que favorece de manera descarada a los núcleos violentistas? La respuesta es simple: porque, en la práctica, los soldados y policías están en primera línea, defendiendo el Estado de derecho, la Constitución y las leyes. Por ejemplo, luego de la primera ola insurreccional, que destruyó edificios públicos y privados, ¿en donde están los centenares de detenidos y procesados por haber cometido delitos tan graves? ¿Cómo han avanzado las investigaciones del Ministerio Público y los procesos en el Poder Judicial si casi todos los violentistas han sido registrados en videos?

Si el sistema de justicia no se convierte en la primera línea de la defensa del Estado de derecho, entonces, el policía y el soldado quedan solos frente a los núcleos comunistas y radicales, que suelen atacar a los efectivos con el objeto de llevarlos al límite y desencadenar lamentables muertes. En ese contexto, avanza el relato progresista que pretende judicializar a nuestros soldados y policías. Si el sistema de justicia procediera a desarrollar su labor, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la insurrección se acabaría en días.

Por otro lado, ¿cuál es el papel de los partidos políticos en la organización de la ciudadanía del sur para la defensa de la economía familiar, los negocios y las estrategias de sobrevivencia, amenazados por la violencia? Si los partidos políticos no inician la lucha política e ideológica, las corrientes comunistas, como se dice, tendrán la cancha libre. Es hora de que los debilitados partidos se fortalezcan priorizando el trabajo en el sur y se propongan organizar a la sociedad civil, a las familias y a los mercados emergentes, para defenderse del ataque violentista radical.

Ante la destrucción de la economía de las familias del sur, por la violencia de las vanguardias comunistas radicales, ya comienza a existir una generalizada reacción de la ciudadanía en los propios mercados de Puno, Moquegua, Arequipa, Cusco; y también en zonas del centro como Pichanaqui, por ejemplo. La reacción de la gente, de una u otra manera, comienza a levantar demandas que exigen el restablecimiento de la ley y el orden para que los negocios familiares continúen, para que los mercados emergentes sigan funcionando. Creemos que, a largo plazo, la violencia comunista producirá los efectos contrarios.

Si las instituciones, los civiles, los partidos políticos y la sociedad defienden el Estado de derecho y luchan para restablecer la ley y el orden, nuestros soldados y policías no estarán desguarnecidos frente a los núcleos y milicias comunistas que los atacan, hieren de gravedad y humillan, ante las dudas y desconciertos del Ejecutivo. ¡Es hora de reaccionar!