CIDH: ¡La ideología antes que la defensa de los Derechos Humanos!

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de emitir un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú luego del golpe fallido de Pedro Castillo y las olas insurreccionales en contra del Estado de derecho y el sistema constitucional. Priorizando los argumentos ideológicos antes que una defensa real de los derechos humanos, la CIDH señala que hubo un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” de parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas en determinadas regiones, que se expresa en las lesiones por armas de fuego o perdigones que padecieron las víctimas en la parte superior del cuerpo. En el caso de Ayacucho, la CIDH deja entrever que acaeció una masacre que podría constituir “ejecuciones extrajudiciales”.

Algo más para revelar el alineamiento ideológico de la CIDH es el señalamiento acerca de que el Estado informó a la CIDH de “la infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley con el fin de desestabilizar el actual Gobierno, mediante actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad e infraestructura crítica del país. Sin embargo, hasta el cierre del presente informe no había entregado ningún medio de prueba que confirmara dicha hipótesis…”.

Asimismo, la CIDH recomienda que las situaciones en que media centena de peruanos fallecieron durante las protestas deberían ser investigadas con independencia por los fueros nacionales.

Es evidente que ningún peruano de buena voluntad puede estar en contra de la recomendación de investigar con independencia las muertes en las protestas; sin embargo, analizando el conjunto del informe de la CIDH uno debe preguntarse, ¿qué país visitó la delegación de la CIDH?  Si miramos cualquier video en YouTube de las acciones violentas en Puno, Arequipa y Ayacucho, ¿acaso no se observa verdaderas milicias organizadas atacando a la policía y las fuerzas armadas con el objeto de destruir e incendiar los aeropuertos del Perú? Igualmente, revisando periódicos o las redes sociales todos sabremos que vanguardias organizadas bloquearon todas las carreteras del Perú con objeto de destruir la producción nacional y desabastecer a las ciudades. ¿Acaso la CIDH no se enteró que hubo intentos de destruir los sistemas de abastecimiento energético e hídrico del país? ¿Acaso no se registraron en videos las acciones de milicias organizadas que destruyeron Lima y desarrollaron verdaderas acciones militares en contra de la PNP y las fuerzas armadas?

¿Qué pretende decir la CIDH cuando señala que no se prueba la infiltración radical en las protestas? Que la violencia era expresión de la legítima irritación de la gente. Es incuestionable que la CIDH ha preferido la ideología y el respaldo a las izquierdas de la región, que mediante la violencia pretenden quebrar estados de derecho y convocar constituyentes.

Cuando la CIDH señala que los indicios de violaciones de derechos humanos se refuerzan porque las víctimas murieron por disparos o perdigones en la parte superior del cuerpo, acaso no entiende que cuando un policía o efectivo militar dispara al cuerpo es porque ha desarrollado todos los actos previos de disuasión y porque es evidente que ha cruzado una línea en donde está en juego la vida del atacante o del defensor del Estado de derecho. El razonamiento de la CIDH pretende negar a cualquier costo que la violencia insurreccional luego del golpe fallido de Pedro Castillo fue una violencia que desarrolló verdaderos actos de guerra contra el Estado: se atacaron más de 100 comisarías y se hirieron a decenas de policías y miembros de las fuerzas armadas.

La historia de los siglos XX y XXI deja en claro que la única manera de defender la vida y los derechos humanos es mediante la afirmación del Estado de derecho y el equilibrio de poderes. Y de una u otra manera, el informe la CIDH le dice a los peruanos que el Estado debe rendirse a la violencia insurreccional, considerar a los milicianos como manifestantes y que los policías y los miembros de las fuerzas armadas que defienden el Estado de derecho deben pasar por las horcas caudinas de un nuevo ciclo de judicializaciones. ¡De ninguna manera podemos aceptar que se repita la historia¡ ¡De ninguna manera!