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Las revelaciones del ministro del sector Economía (ME), Carlos Oliva, respecto a los micronutrientes (chispitas) que el Estado compra para combatir la anemia en Perú dejan estupefacto a cualquiera. El ministro ha señalado de los micronutrientes comprados solo se reparte en los centros del sistema de salud el 55%. De esa cantidad, solo el 33% de los niños reciben gratuitamente las chispitas en las postas médicas y en los distintos centros del sistema de salud estatal.
Las declaraciones del ministro se formulan a luz de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2018), del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que señala que la prevalencia de la anemia en niños de 6 a 35 meses es de 43.5%. Asimismo, la encuesta también indica que, de acuerdo al patrón referencial de Organización Mundial de la Salud (OMS), un 22.4% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica. El estudio, además, anota que la prevalencia de la anemia en la costa se habría elevado en más de cinco puntos porcentuales.
Después del referéndum del pasado 9 de diciembre, en un mensaje al país, el presidente Martín Vizcarra señaló que se mejoraría la infraestructura de los centros de salud y que “todas las semanas entregaremos a la población nuevos hospitales”. Asimismo aseveró que la lucha contra la anemia era primordial para su Gobierno, y que este flagelo social iba a disminuir un punto porcentual cada año. Como es evidente, el jefe de Estado no sabía nada del problema.
Todos los planes contra la anemia emprendidos por el Ejecutivo, desde el Gobierno de Ollanta Humala hasta la fecha, han fracasado totalmente. El Estado sigue gastando millones de soles en publicidad en los medios de comunicación para intentar disminuir la prevalencia de la anemia, pero sin resultados. Los presupuestos del Estado sirven para organizar diversos eventos públicos, sin que la anemia retroceda considerablemente en la mayor parte de la población. ¿Cuáles son las causas de este nuevo fracaso estatal? En el Ejecutivo se ha dejado de convocar la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), que coordina la relación de los ministerios con las regiones; y de otro lado, las compras estatales de los micronutrientes se hacen al margen de criterios técnicos.
Entre el 2014 y 2016 el Estado compró unos 750 millones de unidades de micronutrientes. Por entonces se decía que lo necesario hubiera sido unos 380 millones de unidades; es decir, la mitad. Coincidentemente, un poco más de la mitad de esos nutrientes comprados no han sido distribuidos a los niños, según lo señalado por el ministro Oliva. Según el ex asesor presidencial Máximo San Román, las políticas públicas relacionadas con la anemia están orientadas a “comprar las benditas chispitas por millones de dólares, cuando solo hay que incorporar hierro orgánico en la alimentación, y nada más”. Existe, entonces, la intencionalidad de la burocracia que domina el ministerio de Salud de favorecer a ciertos proveedores.
Además, solo un 28% de los padres que recogieron los micronutrientes recibieron alguna consejería. Según los análisis realizados posteriormente a los niños, hubo una enorme tasa de abandono en el consumo de las chispitas porque estas causaban gastritis. Y, en el colmo de la desubicación, el aplicativo para teléfonos portátiles denominado “App de Lucha y Movilización contra la Anemia (ALMA, del Ministerio de Salud) tampoco ha sido de mayor utilidad. Un aplicativo frívolo e inoportuno que ignora la realidad de las familias pobres con niños anémicos.
La propuesta de incorporar hierro en los alimentos procesados, es una de las soluciones planteadas por este portal. Estos micronutrientes que aportan hierro, vitaminas A y C, zinc y ácido fólico, que son distribuidos gratuitamente en todo el país, podrían ser ingeridos por los niños de manera diferente. No es novedad que los alimentos industrializados destinados a los niños en edad de crecimiento en el primer mundo estén enriquecidos con los mismos componentes de los micronutrientes que el Estado reparte en los centros de salud administrados por MINSA.
¿Por qué no, entonces, se intenta producir en el país alimentos de esa misma naturaleza, para destinarlos a los niños entre los seis y 36 meses? La responsabilidad de la relación costo-beneficio, asumida por el Estado, sería trasladada a la industria privada. El 45% de los micronutrientes no serían desperdiciados, pudriéndose en los almacenes centrales del MINSA y en los cientos de dependencias en todo el país. El ingenio del sector privado permitiría que las familias y los niños dispongan más fácilmente de los alimentos enriquecidos.
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