Caso Víctor Polay: ¡La CIDH contra el Estado de derecho del Perú!

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin mediar mayor argumentación jurídica –es decir, por sí y ante sí–, decidió reabrir el caso de Víctor Polay, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y, de una u otra manera, modificar los procesos y la legislación sobre terrorismo en el Perú. Con semejante situación, la Constitución del Perú, los códigos y leyes penales, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, virtualmente, quedan pintados en la pared, frente a una corte internacional de jueces ideologizados.

Si consideramos que la Corte Interamericana de DD.HHH. ordenó al Estado peruano que no se ejecutara el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori que fue otorgado por el expresidente constitucional, Pedro Pablo Kuzcynski, indulto que luego fue ratificado por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), vale preguntarse si frente a semejanza injerencia y arbitrariedad ideológica del sistema interamericano de justicia, ¿puede haber Estado de derecho en el Perú? Creemos que no. Y es hora de asumir decisiones capitales si es que pretendemos afirmar el sistema institucional en el país.

La ex ministra de Justicia, abogada y académica, Delia Muñoz, informó ante el mundo la insólita decisión de la CIDH de reabrir el caso de Víctor Polay y subrayó que en el Informe de Admisibilidad no se presentaba mayor argumentación jurídica. En una video columna publicada en este portal, Muñoz explica toda la cronología del caso Polay. Por ejemplo, se informa que los juicios desarrollados por los jueces sin rostro o jueces militares en contra de los líderes terroristas fueron anulados por sentencias del Tribunal Constitucional que también precisaron la naturaleza del delito de terrorismo. Igualmente se establece que las sentencias emitidas por el sistema penal nacional se desarrollaron respetándose todos los principios del debido proceso: derecho a la defensa, actuación de pruebas y el derecho a la apelación (segunda instancia). Algo fundamental: en los casos “Lori Berenson” y “J”, la CIDH aceptó los procesos y sentencias del sistema penal peruano.

¿Cuál es entonces la razón o el argumento para reabrir el caso Polay? ¿Acaso la ideologización de la CIDH ha llegado a tal extremo que ni siquiera respetan su propia jurisprudencia? Desde nuestro punto de vista, el mencionado organismo supranacional ha terminado de convertirse en una instancia del activismo marxista y progresista internacional. Las nuevas formas del llamado internacionalismo proletario en tiempos de globalización y posmodernidad.

La decisión de reabrir el caso Polay podría ser un exabrupto, un error institucional que suele suceder en toda obra humana. Sin embargo, si consideramos que el mismo sistema interamericano de justicia ordenó no ejecutar el indulto humanitario a Fujimori queda en absoluta evidencia que estamos ante jueces ideologizados que se sienten por encima de la Constitución del Perú y todas sus instituciones tutelares en base a interpretaciones arbitrarias del Pacto de San José.

La decisión de la CIDH confirma las denuncias acerca de que las instancias derivadas de la Convención Americana, en las últimas décadas, se han dedicado a proteger los derechos de los sentenciados por terrorismo, mientras se desarrollaban persecuciones interminables en contra de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Ante semejante estado de cosas, el Perú debe empezar un debate serio, a consciencia, sobre si es pertinente mantenerse bajo la competencia contenciosa de un sistema ideologizado en extremo. De una u otra manera, la orden de no ejecutar el indulto otorgado por el Estado de derecho en el Perú a Alberto Fujimori de parte de la Corte Interamericana de DDHH y la decisión de reabrir el caso Polay de la CIDH son los dos rostros de una misma moneda que nos revela la terrible ideologización en que ha caído el sistema interamericano de justicia.