Capitalismo popular para enfrentar pobreza e informalidad

Los organismos internacionales y multilaterales señalan que Perú, Chile y Colombia estarían en condiciones de recuperar en un año y medio o dos los puntos perdidos en su PBI a causa de la pandemia del Covid-19. El motivo: el modelo de economía abierta y de desregulación de precios y mercados. En el Perú, entonces, en 18 o 24 meses estaríamos en condiciones de recuperar lo perdido con la recesión, siempre y cuando se mantengan las líneas matrices del modelo económico.

Sucederá todo lo contrario si desde el Ejecutivo y el Congreso se promueven políticas a favor del control de precios y la regulación de mercados, tal como se empieza a ver en los sectores de la educación, medicamentos y préstamos bancarios. Las tentaciones de los políticos populistas por el aplauso de la semana pueden acabar con las posibilidades del país.

Sin embargo, al margen de los clamorosos errores del Ejecutivo, para todos es evidente que la informalidad, que entrecruza más del 60% de la economía y afecta al 72% de la masa laboral, ha sido un factor que ha agravado las políticas de contención del Covid-19. Era absurdo, impensable, pedirle a la gente que sale a comprar y vender para conseguir el sustento del día que deje de trabajar tres meses y medio. Por todas estas consideraciones, no es exagerado sostener que en la solución de la agobiante informalidad se juega el futuro del país frente a la recesión y la pandemia.

Pero, ¿qué hacer para enfrentar la informalidad? Los economistas y especialistas suelen señalar tres frentes que deben ser abordados al mismo tiempo: la excesiva regulación de trámites y procedimientos, la legislación laboral y el tema tributario. Si el Perú no deja de ser la república del trámite –es decir, la sociedad más sobrerregulada y burocrática de la región, no obstante los más de 15 tratados de libre comercio firmados– no podrá enfrentar la creciente informalidad. El avance de la pandemia ha obligado a las instituciones del Estado a digitalizar y simplificar los procesos a marchas forzadas. ¿Por qué no utilizar ese impulso para construir un Estado con procedimientos amigables?

De otro lado, la recesión –que se devorará cerca del 15% del PBI, destruirá dos millones de empleos en las ciudades y arrojará a tres millones de peruanos a la pobreza (sumando nueve millones en total)– obliga a salvar las fuentes de los empleos: miles de empresas quebrarán en medio de despidos masivos. Ante esta situación se deberá reformar radicalmente la legislación laboral, estableciéndose sistemas flexibles de contratación y despidos; tal como existe en la agroexportación, por ejemplo. No hay otra manera de salvar a las empresas y el empleo.

Asimismo, es hora de construir un sistema tributario amigable y asequible para las empresas y los ciudadanos. “Hoy, por ejemplo, la existencia de varios regímenes tributarios fomenta el enanismo empresarial con objeto de acceder a ciertos beneficios”, señala el economista César Peñaranda.  Agrega “que, desde 1991, fecha en que se hizo la gran reforma tributaria de los últimos 30 años (existían más de 30 impuestos, algunos cuya administración era más cara que la recaudación) no se ha avanzado en una reforma integral del sistema tributario”.

Es evidente que una reforma tributaria obligaría a bajar los impuestos a la renta y el IGV para universalizar las posibilidades de tributación. Sin embargo, si es que no se desarrolla junto a la eliminación de las asfixiantes sobrerregulaciones, la flexibilidad laboral solo significará menos recaudación para el Estado porque solo tributarán los mismos de siempre y no se ampliará la base tributaria de nuestra sociedad.

Para enfrentar a la informalidad, de otro lado, se debería generar una convergencia entre el Ejecutivo, el Congreso y las élites, para racionalizar y reorientar los gastos del Estado (que consume cerca de US$ 65,000 millones) con el objeto de ampliar la formalidad de la sociedad con criterios amigables para los procedimientos, contratos de trabajo y tributación.

En otras palabras, menos Estado y más libertades económicas y sociales para enfrentar la grave recesión que se avecina, la quiebra de miles de empresas y de empleos, el déficit fiscal que llegará a 10% del PBI y el endeudamiento público que sobrepasará el 30%. Si las élites se deciden por profundizar la desregulación de los mercados el Perú resurgirá de cualquier desastre como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia.