Burócrata de ONU en contra de Constitución y Estado de derecho del Perú

Unas horas atrás un supuesto comunicado de las Naciones Unidas se pronunciaba en contra de la decisión del Congreso de la República de encargar a la Comisión de Justicia del Legislativo una investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por, supuestamente, haberse entrometido en los fueros constitucionales del Congreso. En el mencionado comunicado se asevera que la eventual investigación legislativa vulnera el equilibrio de poderes y el contrapeso institucional dentro de un Estado de derecho.

Contra cualquier expectativa no era el Tribunal Constitucional de la República, la única entidad que puede pronunciarse sobre la posibilidad de una vulneración del equilibrio de poderes, sino el sistema de las Naciones Unidas. Entonces surgen legítimas preguntas: ¿En qué momento el Perú se convirtió en una colonia de un gobierno supranacional que nadie ha elegido? ¿Cuándo a alguien se le ocurrió que los organismos supranacionales se podían pronunciar abiertamente en contra de la Constitución de 1993 y sus entidades tutelares? Las preguntas son absolutamente pertinentes, porque el artículo 157 de la Constitución señala que los miembros de la JNJ pueden ser removidos por causa grave por el Congreso, mediante el acuerdo de los dos tercios de parlamentarios.

¿Qué ha sucedido entonces con el sistema de las Nacionales Unidas? Las preguntas se vuelven más urgentes cuando se constata que ni el secretario general ni la Asamblea General de la ONU se han pronunciado sobre el caso peruano. Sin embargo, la interrogante seguía flotando en el ambiente: ¿puede las Naciones Unidas pronunciarse en contra de la Constitución de la República? Horas después se conocieron las razones del exabrupto y la estratagema detrás del absurdo. 

En contra de los reglamentos y procedimientos de las Naciones Unidas, un militante de la izquierda chilena –que ha devastado el país del sur–, el coordinador residente Igor Garafulic, se tomó atribuciones que no le corresponden y, en un acto desesperado, pretendió poner el sistema de Naciones Unidas detrás de la estrategia progresista peruana que busca detener la investigación del Congreso en contra de la JNJ.

Es evidente, pues, que estamos ante una estrategia del progresismo latinoamericano que busca menoscabar las funciones de control político del Congreso. En ese sentido, si el Gobierno de Dina Boluarte pretende seguir afirmando el Estado de derecho debería instruir a la Cancillería a tomar las medidas pertinentes ante la intromisión de un burócrata extremadamente ideologizado.

Más allá del debate sobre las razones para investigar a los miembros de la JNJ, lo que no se puede permitir es que la Constitución, las instituciones tutelares y el Estado de derecho permanezcan pintados en la pared frente a un globalismo progresista que pretende quebrar la constitucionalidad en la región. Y es incuestionable, como la ley física de la gravedad, que el Congreso tiene la facultad constitucional de investigar a los integrantes de la JNJ.

Si el Perú pretende seguir afirmando su Estado de derecho, luego del golpe fallido de Pedro Castillo y las olas de violencia a inicios de año, debe enfrentar con firmeza las estrategias de este globalismo progresista que controla y bastardea las instituciones multilaterales con objeto de que cumplan funciones de las viejas y fenecidas internacionales de la izquierda. Lo hemos visto claramente cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reabrió los casos de Víctor Polay y Artemio, sin importar la Constitución del Perú, el Estado de derecho, la decisión de las instituciones tutelares y la propia jurisprudencia del sistema interamericano de justicia.

En síntesis, el globalismo progresista pretende instaurar un sistema de gobierno sobre los estados nacionales en el que gobiernen sectores que no forman partidos políticos ni ganan elecciones. En otras palabras, fomenta sistemas de gobierno que aplastan la democracia de los estados nacionales.