¿Buena noticia en el Gabinete Villanueva?

 

En medio de las tendencias que desinstitucionalizan al país —sobre todo a través del referéndum que acaba de sancionar la no reelección de congresistas y el Congreso unicameral— y los evidentes intentos del Ejecutivo para controlar instituciones (Congreso y Ministerio Público), se acaba de conocer la renuncia del ministro de Trabajo, Christián Sánchez, al Gabinete Villanueva. Si se confirma la información, estaríamos ante una noticia que debemos celebrar, porque era evidente que el mencionado ministro lideraba un ala claramente anti empresarial y anti inversión.

Todo indica entonces que la renuncia de Sánchez tendría que ver con el anuncio del presidente Martín Vizcarra en el último CADE, acerca de la necesidad de abordar la urgente reforma laboral para agregar competitividad a la economía. De comprobarse esta hipótesis existiría la posibilidad de que el jefe de Estado se haya decidido a utilizar su popularidad para liderar las reformas imprescindibles que el Perú necesita para volver a crecer a tasas altas y seguir reduciendo pobreza. Ojalá que las cosas enrumben por ese lado.

Pero, ¿por qué sostenemos que Sánchez lideraba un ala anti inversión en el Ejecutivo? El ministro renunciante se oponía a cualquier posibilidad de reforma de nuestra legislación laboral, que es considerada una de las diez más costosas y sobrerreguladas en el planeta, y que solo genera informalidad. Priorizando sus concepciones ideológicas marxistas, Sánchez, por ejemplo, se opuso a la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, una norma clave para explicar el boom agrario y la prosperidad de la agricultura moderna.

Sánchez y los titulares de los ministerios de Salud (Midis) y Medio Ambiente conformaban esta ala anti empresarial que proponía focalizar la lucha contra la informalidad solo en el área de empresas formales —las únicas que pagan todos los derechos reconocidos por las normas actuales—, mientras que el 75% restante de los trabajadores está en informalidad. Igualmente este sector proponía elevar del 9% al 12% los pagos que las empresas realizan a Essalud por cada trabajador. En este contexto, el Ejecutivo promulgó un DL que establece que la autoridad tributaria puede embargar los bienes del responsable legal de una empresa ante la sola sospecha de elusión, ignorando los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

Semejantes criterios ministeriales se desarrollaban en medio de las intenciones del fiscal Domingo Pérez de judicializar a los principales empresarios del país por haber aportado para una campaña en defensa del régimen económico de la Constitución en el 2011, que era amenazado por el programa de la Gran Transformación de Humala. Gracias a esa campaña, el nacionalismo archivó ese programa estatista y asumió la llamada Hoja de Ruta.

Las señales anti empresariales también se hacen evidentes en el preciso momento en que todos los rankings mundiales de organismos internacionales indican que la economía peruana desciende aceleradamente en competitividad y productividad. Semejante escenario, a todas luces representa un absurdo para un modelo económico que, en los últimos 25 años, ha triplicado el PBI, ha reducido pobreza del 60% de la población a solo 20% y ha engrosado a las clases medias como nunca. Pero aquí viene lo dramático: un modelo basado en la inversión privada que logra invertir anualmente alrededor del 25% del PBI y que explica más del 75% del total de pobreza reducida.

Con semejantes logros, ¿cómo es posible la existencia de un ala anti inversión en el Gabinete? Cada ministro parece tener su agenda anti empresarial. Por ejemplo, la titular de Salud, Silvia Pessah, tiene su propio libreto con los octógonos para las etiquetas de alimentos industriales, pese a que no se controla el 46% de anemia en la niñez.

Ojalá, pues, que la renuncia de Sánchez represente una clara decisión del Ejecutivo a favor de las inversiones, y la decisión de utilizar la popularidad presidencial para concretar reformas claves para relanzar el crecimiento.