Antimineros propician conflictos territoriales

A las manifestaciones violentas propiciadas por el círculo antiminero, en contra de las inversiones y en base a mitos y leyendas, se suman las dificultades para organizar las actividades concernientes a la difusión de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado y gestionado por las empresas mineras antes de iniciar las operaciones correspondientes. Las mineras primero organizan todo tipo de actividades y talleres informativos para dar conocer a la población el contenido de esos EIA, especialmente sus aspectos ambientales y técnicos. Y después se organizan las audiencias públicas, con la participación de todas las autoridades correspondientes y los pobladores de las áreas de influencia del proyecto. Un acto público que debe desarrollarse escrupulosamente, siguiendo las normas y los procedimientos establecidos.

Resulta que, debido a la enorme conflictividad territorial existente en numerosos distritos y provincias del país, se están dando casos en los que las audiencias públicas son blancos de ataque por parte de los dirigentes que consideran que sus comunidades no son incluidas en los procesos de aprobación del EIA. Existen territorios que, por su demarcación territorial, no son considerados dentro de las áreas de influencia de la mina y, por lo tanto, no pueden participar de la aprobación del EIA. Asimismo hay distritos creados dentro de otros distritos, por lo que se crean conflictos y superposición de autoridades. Sin embargo, al margen de la legalidad territorial de las áreas de influencia directa e indirecta, los proyectos mineros cumplen invirtiendo en responsabilidad social en colegios, postas médicas, carreteras y toda clase de iniciativas productivas, además de desarrollar las actividades de difusión de los proyectos mineros.

La mayor parte de los conflictos son alentados por personas que han encontrado en esa actividad una manera para hacerse visibles, utilizando los desacuerdos entre los vecinos para armar una estrategia política. Existe, por ejemplo, una disputa territorial entre el distrito arequipeño de Cayarani y las comunidades cusqueñas de Alca Victoria y Pulpera Conde, ambas en la provincia de Chumbivilcas. Algo similar sucede entre los distritos de Livitaca y Velille, también en Chumbivilcas: ambos distritos se disputan la comunidad de Chilloroya. En las zonas mineras son los antimineros —autodenominándose dirigentes— los que se aprovechan de la confusión generada por las demarcaciones territoriales.

Si los temas de propiedad, titulación y catastro son terribles, el asunto se agrava con los conflictos en las delimitaciones territoriales en donde intervienen numerosos pobladores sin saber a ciencia cierta qué es lo que les pertenece. No saben si lo que reclaman es justo o no. Simplemente los dirigentes manipulan los hechos históricos que los pobladores desconocen para ganar más metros de territorio.

Los enfrentamientos violentos, con el saldo de personas heridas o muertas, suceden constantemente por estos asuntos territoriales. Ocurren entre los comuneros de Itauta y Ayaoata (provincia de Carabaya, Puno), y entre los pobladores de San Isidro y Magdalena, en Lima. Ocurren ahora en las provincias altas cusqueñas, como Espinar, Chumbivilcas, Canas, Paruro y Acomayo.

El desmadre territorial se desencadena por el desmedido y hasta irracional empeño de los congresistas de crear nuevos distritos y hasta provincias en territorios consolidados en una geografía política ya demarcada. Son pobladores y vecinos que se acusan unos a otros de usurpación e invasión territorial, debido a la falta de claridad en las leyes que delimitan y crean los distritos y provincias del país.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias —argumentando que no podemos ser un país que tiene una gran riqueza bajo la tierra y con pobreza en la superficie— confirmó inversiones mineras que superan los US$ 15,000, entre ellas Michiquillay (US$ 2,500 millones), Toquepala (US$ 1,200 millones), ampliación Marcona (US$ 1,300 millones), Quellaveco (US$ 5,300 millones), mina Justa (US$ 1,300 millones), Corani (US$ 580 millones) y Pampa de Pongo (US$ 2,500 millones). Proyectos que podrían verse afectados si la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no resuelve las demarcaciones geográficas de las comunidades, distritos, provincias donde se ejecutarán esos y otros proyectos mineros pendientes.