La masacre de 13 trabajadores de R&R, una pequeña empresa q...
La federación distrital de Rondas Campesinas de Hualgayoc (Cajamarca), ha solicitado a las autoridades del Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Justicia (Minjus) y Ministerio Público (MP) que denuncien a los supuestos dirigentes que desataron la violencia y cometieron otros delitos en esa localidad, argumentando que protestaban por una supuesta contaminación (que todavía no habría sido subsanada) en la mina Cerro Corona, de la compañía minera Gold Fields. Más tarde se demostró que todo era una patraña de los sectores radicales que pretenden paralizar las inversiones.
Los dirigentes de la federación señalan, además, que los violentistas han retenido por la fuerza (secuestrado) a funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que desarrollaban labores técnicas en el lugar. Los autoproclamados dirigentes, que no son reconocidos por las rondas campesinas de Hualgayoc, organizaron el bloqueo de las carreteras que conducen a la mina Cerro Corona con los señalados pretextos. Sin embargo, es evidente que la izquierda antiminera vuelve a intentar paralizar las operaciones mineras en Cajamarca.
Al respecto, vale destacar que el 5 de febrero último el presidente de la República, Martín Vizcarra, en la ciudad de Cajamarca, anunció que su Gobierno intervendría para solucionar los problemas de la provincia de Hualgayoc. Asimismo, señaló que el Ejecutivo también impulsaría la construcción del hospital y de la planta de tratamiento de agua potable para Bambamarca. Los ofrecimientos fueron oficializados mediante un documento firmado por el ministro del sector Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, y por la ministra del sector Salud (Minsa), Zulema Tomás González. Sin embargo, los antimineros siguen señalando que no existe voluntad del Estado de atender los problemas de la gente.
De otro lado, los ronderos han señalado que la minera Gold Fields tiene compromisos pactados para desarrollar acuicultura de truchas y construir los canales de la cuenca de Tingo-Maygasbamba. No obstante, minúsculos grupos de agitadores siguen informando lo contrario. Para los pobladores no es novedad que quien está detrás de todos estos acontecimientos de violencia es el Movimiento de Afirmación Social (MAS), liderado por Gregorio Santos, ex presidente regional de Cajamarca. Con los bloqueos de carreteras y la obstrucción de las actividades mineras y agropecuarias de la zona, el MAS pretende recuperar protagonismo, creando climas de inestabilidad social con propósitos claramente políticos.
Sin embargo, los intentos de desestabilización local han sido desenmascarados por los ronderos. Según informó el dirigente Napoleón Gutiérrez, la movilización anunciada para el pasado 6 de febrero no fue acatada por la Federación Distrital de Rondas Campesinas de Hualgayoc, por “inconsulta y unilateral”. Y tal como sucedió en Conga en 2011, reducidos grupos de agitadores realizan actos públicos que los medios de comunicación presentan como si fuera grandes concentraciones populares. Es así como una demanda falsa y sin sustento, sobre una supuesta contaminación, se convierte en una “noticia nacional” en contra del medio ambiente.
Es inocultable la pretensión de la izquierda antiminera de detener las inversiones mineras que en Cajamarca potencialmente suman más de US$ 16,200 millones. La izquierda, organizada alrededor de diversas ONG, tiene una clara agenda 2021 antidesarrollo. Uno de los proyectos que está en la mira del marxismo del siglo XXI es el proyectos Michiquillay, concesionado en febrero de 2018. Una inversión de talla mundial, de US$ 2,500 millones, para producir 225,000 toneladas de cobre anuales.
Con el nuevo gobierno regional, Cajamarca tiene la oportunidad de salir de la situación crítica ocasionada por las políticas chavistas impuestas por Santos y sus seguidores. Cajamarca no puede seguir siendo la región más pobre del país, con tantas posibilidades de riqueza y prosperidad.
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