Ante “democracia plebiscitaria”, persistir con la República

 

Desde los antecedentes de Roma, las experiencias republicanas siempre han enfrentado situaciones en que la mayoría de los integrantes de una sociedad, de pronto, reaccionan con tal irritación ante el fracaso de sus élites políticas que están dispuestos a entregar soberanía a un líder civil o militar, por encima de las instituciones. Cuando en Roma convivían Imperio y República, el César lograba imponer su voluntad sobre las instituciones hasta que, finalmente, el imperialismo romano terminó devorando los restos republicanos. Los historiadores llamaron a este fenómeno cesarismo; y los pensadores modernos, “democracias plebiscitarias”.

¿A qué vienen semejantes reflexiones? Sorprendentemente, luego de la caída del Muro de Berlín y la explosión de las telecomunicaciones —y la emergencia de la sociedad de redes—, en el mundo democrático se contempla absortos cómo surgen líderes, de izquierda o de derecha, que movilizan el apoyo popular en contra de las instituciones. En las democracias longevas, las instituciones logran imponerse y morigerar a los caudillos. Pero en las repúblicas latinoamericanas, los chavismos simplemente fagocitaron a las democracias, liderando “la lucha contra la corrupción” de “la política tradicional”.

Y llegado a este punto, necesitamos aterrizar en la realidad de nuestro país. En el Perú hemos ingresado a una etapa de “democracia plebiscitaria”, en la que el presidente Martín Vizcarra pretende liderar la lucha contra la corrupción por encima de las instituciones. ¿Por qué planteamos semejante tesis? Por si no lo hemos percibido, o por si lo aceptamos en silencio, la manera como se han procesado las cuatro reformas constitucionales sobre el sistema de justicia y político no tiene que ver nada con el ordenamiento constitucional, sino con la realidad política, con el apoyo popular y con el humor de la plebe, dirían los senadores romanos.

La Carta Política —como todas las constituciones de las repúblicas del planeta— excluye explícitamente al Ejecutivo del proceso de reforma constitucional, una prerrogativa reservada exclusivamente al Congreso. La exclusión es tan frontal que, incluso, el Ejecutivo no puede observar las reformas constitucionales del Legislativo. Sin embargo, Vizcarra exigió que se aprobaran las cuatro reformas, con un mecanismo y plazo establecido por él mismo. El César había hablado. Era evidente que las encuestas de Ipsos y GFK le otorgaban la legitimidad y la fuerza, más allá de la Constitución y las leyes.

Algo parecido sucede con la obsesión presidencial por remover a Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación para favorecer a la campaña que desarrollan las ONG de izquierda, grandes bufetes de abogados, los dueños de medios de comunicación y los amigos de los implicados en el caso Lava Jato. Ellos han desatado todas las guerras del fin del mundo en contra el mencionado magistrado. Leyendas, mentiras y antipropaganda, son los argumentos. Como si el Perú estuviese anclado en el siglo XIX, algunos parecen decir “queremos tener nuestro propio fiscal”.

El César parece señalar que remuevan a ese magistrado, de lo contrario… Pero el Congreso decide respaldar a Chávarry y trasciende que el Ejecutivo presentaría una propuesta para reorganizar el Ministerio Público y sacar al Fiscal, con la amenaza de la cuestión de confianza y la disolución del Legislativo. En otras palabras, se debe obedecer al “mesías anticorrupción” que interpreta el sentir popular sobre las instituciones realmente existentes.

Planteadas estas cosas deberíamos intentar definir qué es una República: un sistema nacido del sufragio, pero que organiza el gobierno en base a instituciones con equilibrio de poderes. Y sobre todo, con control del poder. De lo contrario, las masas, las mayorías, estarían creando Hitlers y Hugo Chávez cada cierto tiempo.

Debemos señalar que ante el avance de la democracia plebiscitaria —en la que prosperan los autoritarismos de izquierda y de derecha— solo nos resta persistir en la República, aferrarnos a la Constitución, para evitar provocaciones y desenlaces excepcionales. Los asesores marxistas que hoy rodean al jefe de Estado y el propio mandatario saben que en el Perú no se puede forzar la Constitución para cerrar instituciones. En cualquier caso, allí están las tragedias de Leguía y Fujimori, que desgraciaron sus vidas por ponerse de espaldas a la Constitución.

Sin embargo, la defensa de las instituciones debe ser la consigna para los republicanos. A cualquier precio. El Perú avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones y está a punto de superar el récord de continuidad democrática desde la Independencia. Está a punto de convertirse en una democracia relativamente adulta. ¿Cómo, entonces, permitir que la polarización se devore las instituciones que estamos construyendo, pese a las deficiencias y la corrupción?