Antapaccay, otra vez en el ojo de la tormenta

El viernes pasado la empresa Antapaccay, concesionaria de la mina Tintaya, informó, mediante un comunicado, que suspendería por tiempo indefinido todas sus operaciones. El motivo de esa decisión no es otro que las violentas protestas, las tomas de carreteras y los sabotajes a sus instalaciones por parte de algunos pobladores de once comunidades que reclaman supuestos incumplimientos de acuerdos. 

No obstante, es necesario indicar que Antapaccay Tintaya es una de las tres minas más grandes del llamado Corredor Minero del Sur, junto a Las Bambas y Constancia. De allí su posición estratégica para el Perú y la salud de la economía, en estos momentos en que el precio de la libra de cobre se ha disparado por encima de los US$ 4. Asimismo, vale recalcar que es una de las operaciones que está siempre en la mira de los movimientos antimineros y de los pobladores radicalizados, que de manera constante realizan acciones violentas contra sus operaciones. 

Desde el lunes 08 de marzo las acciones contra Tintaya se han radicalizado, al punto de llegar a bloquear violentamente la carretera e impedir la entrada y salida de los camiones que transportan los minerales desde la operación minera. Pero, ¿cuáles son las demandas que, supuestamente, justifican tanta violencia? Desde febrero pasado, los dirigentes de algunas comunidades emplazadas alrededor de la operación y de su expansión Ccorccohuayra, aducen, ante representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) supuestas afectaciones sociales y ambientales. Para evaluar si existen o no esos daños contra las comunidades, el Minem y los dirigentes sociales acordaron desarrollar un monitoreo conjunto en las zonas. Sin embargo, el recrudecimiento de la segunda ola de la COVID-19 y las medidas de prevención imposibilitan las visitas conjuntas. Los dirigentes y pobladores han culpado a la empresa minera Antapaccay y al Minem de impedir que se realicen los monitoreos

Debemos agregar que las supuestas afectaciones sociales y ambientales simplemente no existen. Días atrás, desde el Ministerio del Ambiente se publicó un informe en el que se indica que no existe contaminación de minerales pesados por parte de alguna de las empresas mineras ubicadas en esta parte del Corredor Minero. Por el contrario, se ha confirmado que la contaminación es natural, porque la zona presenta alta concentración de minerales proveniente del entorno ambiental. Los dirigentes tienen estas conclusiones.

En este escenario, vale preguntarse ¿cuáles son entonces los motivos de fondo de las protestas? A nuestro entender, uno de los principales es establecer un denominado “canon comunal” solamente  en Espinar, y que la empresa minera otorgue un bono “solidario” a cada ciudadano de las 11 comunidades. 

Vale mencionar que, en setiembre, un grupo de pobladores de Espinar realizaron varias manifestaciones violentas para exigir la entrega de un bono de S/ 1000 (proveniente de la caja del Fondo Social) que fue aceptado por la empresa minera y el Estado, no obstante contravenir los acuerdos legales. 

Todo indica, entonces, que las huelgas y paros violentos no cesarán en contra de Antapaccay. Las oenegés antimineras y las corrientes radicales suelen construir mitos y leyendas en contra de las empresas mineras que pagan impuestos y explican las transferencias por canon regional. No solo se trata de levantar falsedades sobre los temas ambientales, sino también de pretender que las compañías provean recursos sociales que deben ser atendidos por el Estado y el Ejecutivo.

Señor, Presidente Sagasti, es hora de que el Estado recupere el principio de autoridad por el bien del país. En estos momentos los peruanos debemos proteger la minería; en especial el Corredor Minero del Sur, de donde proviene más del 50% de la producción de cobre del Perú.