Aníbal Torres renuncia por la parodia de la confianza

Aníbal Torres renunció a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) luego de que se conociera que el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo en contra de la ley del referendo aprobada por el Legislativo. La renuncia de Torres también se produjo después de que la mesa directiva del Congreso estableciera que la confianza propuesta por el PCM –por un proyecto de ley que pretendía derogar, precisamente, la ley del referendo– no era procedente porque interfería con las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso.

El objetivo de la renuncia de Torres parecía ser uno: generar la impresión de que el Congreso había rechazado la cuestión de confianza y, por lo tanto, el Legislativo había gastado una de sus llamadas balas de plata. En ese contexto, el Ejecutivo podía plantear una nueva cuestión de confianza y avanzar hacia el cierre del Congreso. 

Sin embargo, semejante parodia constitucional, sin el menor asidero jurídico, era insostenible porque el TC y el Congreso ya se habían pronunciado, ya sea por vía indirecta o directa, en contra de la procedencia de la confianza. ¿Cómo puede proceder una confianza por una iniciativa que pretende derogar una ley absolutamente constitucional? Absurdo. ¿Cómo puede proceder una confianza que invade las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, establecidas en la propia Constitución y en la propia ley que regula la confianza? 

El Ejecutivo se había quedado sin argumentos y sin gambitos políticos. Todo comenzó, entonces, a derrumbarse y se imponía una recomposición general del Gabinete por la salida de Torres. Sin embargo, algunos afiebrados sostenían que, otra vez, el Ejecutivo estaba frente a “una denegación fáctica de la confianza”, al mejor estilo del argumento que se utilizó durante la administración Vizcarra para cerrar inconstitucionalmente el Congreso.

No obstante, todos los cierres inconstitucionales del Congreso, o simplemente todos los golpes de Estado de los ejecutivos en el siglo XX y XXI –tal como sucedió con Sánchez Cerro, Fujimori y Vizcarra– siempre han tenido una condición ineludible: el ejercicico de la fuerza sobre la base del apoyo popular. Se puede discrepar con los tres autócratas mencionados; sin embargo, no se puede desconocer que eran caudillos plebiscitarios y contaban con apoyo popular.

Por todas estas razones, la parodia constitucional de Torres ha terminado antes de empezar. A nuestro entender, si el Gobierno pretende seguir en esta ruta del juego de confianzas y amenazas de cierres del Congreso, el jefe de Estado abandonará el poder antes de lo pensado. El Gobierno no tiene la menor fuerza política para empezar a jugar con el fuego que los devorará más temprano que tarde.