¡Amparo contra el devastador monopolio estatal en vacunas!

Los constitucionalistas Domingo García Belaunde, Aníbal Quiroga León y Natale Amprimo Plá, tres de los más destacados académicos en el derecho constitucional de nuestro país, acaban de presentar una acción de amparo ante el juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima, demandando que se termine con el monopolio estatal en la importación de las vacunas en contra del Covid. 

La demanda de los renombrados constitucionalistas se interpuso en contra de Francisco Sagasti, presidente constitucional de la República; Violeta Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros; Oscar Ugarte Ubilluz, ministro de Salud; Marilú Llerena Aybar, superintendente de la Sunat, y Carmen Ponce, Directora General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

En este portal hemos sostenido repetidamente que la pandemia ha desnudado y derrumbado al Estado fallido. No obstante haber contado con grandes recursos fiscales, la burocracia colectivista no equipó los hospitales, no compró camas UCI, no adquirió pruebas moleculares masivas y menos garantizó la compra de vacunas contra el Covid para inmunizar a la sociedad en el 2021. Y estos hechos se han sucedido en contra de la Constitución, que sanciona que los servicios de salud se brindan a través del sistema público y privado.

En el texto de la demanda de los mencionados constitucionalistas se señala que “…se ordene al Poder Ejecutivo autorizar en la vía reglamentaria la importación, abastecimiento, comercialización y expendio de vacunas contra la Covid-19 por parte de personas naturales y jurídicas de derecho privado interno”. Asimismo, se solicita que “se ordene a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) que, durante la emergencia sanitaria autorice la importación de vacunas contra la Covid-19 por parte de personas naturales y jurídicas de derecho privado interno, cualquiera sea su marca, denominación y laboratorios de procedencia, y consecuentemente, otorgue los registros sanitarios correspondientes, sin más constancia que la certificación de origen…”.

A nuestro entender la demanda presentada por García Belaunde, Quiroga León y Amprimo Plá es una verdadera pieza de derecho constitucional que será estudiada por los alumnos y las facultades de derecho. Abunda en referencias a diversos textos legales, a la Constitución y a diversos tratados internacionales de Derechos Humanos; y sobre todo, a referencias ideológicas y constitucionales que fundamentan el espíritu de nuestro texto constitucional.

Con respecto a la intención del presidente de Sagasti de resucitar conceptos de la pasada Guerra Fría sobre la lucha de clases de pobres y ricos, el texto de los constitucionalistas señala que, “al decirse que como las personas de escasos recursos no pueden acceder a la vacuna privada, entonces nadie se vacuna, linda con una ideología izquierdista que no se condice con la Constitución. Ideológicamente equivaldría a decir que como las personas de escasos recursos no pueden pagar una educación superior privada, entonces no hay educación privada. Como no pueden pagar una escolaridad privada, entonces se prohíben las escuelas privadas. Como no pueden acceder a una viviendas privada, entonces ya no habrá viviendas privadas. Como no pueden acceder a la compra de un vehículo privado, entonces ya no habrá la comercialización de vehículos privados, y así etc.”. 

Igualmente, en la demanda de los constitucionalistas se sostiene que “la reiterada negativa del Presidente de la República, Sr. Sagasti Hochhausler, no es acorde con nuestra ´Constitución Económica´, ni con el libre mercado que a partir de la propia Constitución se ha desarrollado en el Perú…”. 

En otro párrafo de la demanda de los constitucionalistas se afirma lo siguiente: “El digno Juzgado Constitucional comprenderá que negar la comercialización y distribución libre de la vacuna (o vacunas) contra el Covid-19, aún en el estado incipiente en que se encuentran desarrolladas, constituye una conducta que linda en lo criminal, y que es gravemente ofensiva al concepto de salud pública y protección a la vida que desarrolla nuestra Constitución, y que Ud. está señalado(a) a resguardar como ´Guardián de la Constitución´ desde la Judicatura…”.

La prohibición a que la sociedad y los privados importen vacunas contra el Covid se convertirá en el peor error de la administración Sagasti. Un yerro que marcará a este Ejecutivo en los años por venir, sobre todo porque está vinculado a la alta letalidad que causa la pandemia y las posibilidades de recuperar la economía en el 2021. De allí que, poco a poco, la propuesta de que en el próximo periodo de gobierno se cree una comisión de la verdad sobre las tragedias y negligencias cometidas en las administraciones Vizcarra y Sagasti en el manejo de la pandemia, comienza a adquirir gran fuerza.