Amnistía: ¡Congreso de Ecuador respalda a fuerzas de seguridad contra crimen organizado!

La Asamblea Nacional de Ecuador, con respaldo multipartidario de todas las bancadas, emitió una resolución legislativa en la que se concede indultos y amnistías a todo soldado y militar que combata el crimen organizado. La medida del Legislativo ecuatoriano enfrenta directamente las posiciones de las oenegés de izquierda y la propia Corte IDH, que suelen cuestionar el principio de autoridad de los estados de derecho en la región, arguyendo una defensa gaseosa e ideologizada de los derechos humanos.

La respuesta del Congreso ecuatoriano, pues, es categórica ante posibles interpretaciones arbitrarias de las oenegés de izquierda y el sistema interamericano de DD.HH. que desemboquen en la judicialización de los patriotas ecuatorianos que defienden la ley y el orden ante la delincuencia organizada y el terrorismo.

Al respecto, vale informar que, luego de que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de excepción y la situación de conflicto armado interno con fuerzas terroristas delincuenciales, la Comisión IDH se pronunció señalando que “la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida y complementaria a las fuerzas civiles, con regulación y control”. El sentido de este tipo de pronunciamientos hiere de gravedad y desconcierta al sentimiento nacional de los ecuatorianos que perciben que el crimen organizado pretende instalar un orden sobre la Constitución y el estado de derecho del país del norte. 

¿Por qué es importante analizar y reflexionar sobre la reacción de la clase política ecuatoriana en defensa de los soldados y policías patriotas? Porque, de una u otra manera, en América Latina ha sucedido todo lo contrario. Las democracias y los estados de derecho se han alllanado a las narrativas de las izquierdas sobre supuestas defensas de los DD.HH. que apuntan a erosionar el principio de autoridad de las democracias. Los resultados son evidentes: en Perú, Chile, Colombia, Bolivia y otros países, las estrategias insurreccionales de los sectores bolivarianos han avanzado con extrema facilidad frente a la neutralización de las fuerzas de seguridad.

Cuando se desarrolla este tipo de análisis, de ninguna manera, se reclama la represión indiscriminada de la legítima protesta, sino el ejercicio legítimo y constitucional de la fuerza pública. Es imposible imaginar la llegada de Gustavo Petro al poder, el terrible y artificial momento constituyente que frenó el milagro económico chileno, el triunfo de Pedro Castillo en el poder y la continuidad del régimen dictatorialmente boliviano, sin la hegemonía y la influencia de estos relatos de la izquierda que erosionan el principio de autoridad de los estados de derecho. 

El caso peruano es extremadamente emblemático al respecto. Luego del golpe fallido de Pedro Castillo, las vanguardias de la izquierda comunista desarrollaron ataques milicianos a aeropuertos y se bloquearon carreteras con el objeto de desabastecer y producir el colapso de las ciudades, mientras se quemaban decenas de comisarías, sedes del sistema de justicia y se destruía edificios y locales de empresas privadas emblemáticas. Era evidente, pues, que el Perú enfrentaba un plan insurreccional que buscaba quebrar el estado de derecho e instalar una asamblea constituyente.

El resultado de la ola violencia: la muerte lamentable de 60 peruanos. Para cualquier peruano de buena voluntad los únicos responsables son las vanguardias comunistas que lanzaron el plan insurreccional en base a milicias con gran organización. Sin embargo, las oenegés de izquierda y el sistema interamericano de DD.HH. han dejado en claro su intención de responsabilizar de las muertes a las fuerzas de seguridad e iniciar una larga judicialización de nuestros soldados y policías que preservaron el Estafo de derecho, tal como sucedió con nuestros soldados que triunfaron sobre el terrorismo de Sendero Luminoso tres décadas atrás. Hasta hoy, por ejemplo, oficiales y soldados de la Marina siguen padeciendo la persecución judicial, por hechos sucedidos hace 30 años.

Por todas estas consideraciones la decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador de conceder el derecho de gracias a los patriotas que enfrentan el crimen organizado debe convertirse en ejemplo y camino a seguir.