Amenaza populista en el Congreso

Todo indica que el nuevo Congreso superará en despropósitos y errores a todos los anteriores legislativos. De una u otra manera, todas las bancadas parlamentarias parecen haber iniciado una carrera para “ganarse el apoyo del pueblo”, en medio de la pandemia del Covid-19 y una recesión que se profundiza. La pérdida de empleos e ingresos de la población, debida a la extensión de cuarentena forzada por el colapso del sistema de salud, es el escenario propicio para la demagogia. Allí están la ley que posibilita retirar el 25% de las cuentas individuales de las AFP y la suspensión del cobro de peajes durante la emergencia.

Pero no vaya a creerse que solo se trata de decisiones circunstanciales para las tribunas, con objeto de ganar la carrera populista que el Ejecutivo inició desde el referendo pasado, detrás también hay sectores con claras concepciones chavistas. Por ejemplo, los congresistas Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua y Roberto Chavarría Vilcatoma, de Unión por el Perú (UPP), acaban de presentar un proyecto que pretende derogar la Carta Política de 1993 y restablecer la Constitución de 1979. Proponen restablecer la pasada Carta excepto el capítulo IV, que se refiere a la estructura del Estado. 

¿Qué significa una propuesta de este tipo? Que no se han entendido las profundas transformaciones que se han producido en el Perú –hasta antes de la pandemia– bajo el marco constitucional de la actual Carta Política. Por ejemplo, la Constitución de 1979 consagraba la preeminencia del estado-empresario, que creó un forado fiscal de tal envergadura que en nuestro país se desató una de las hiperinflaciones más devastadoras de la historia económica mundial. 

Todos los ingresos que recaudaba el Estado servían para pagar la planilla de más de 200 empresas estatales, que empleaban las clientelas de los políticos y militares populistas. Esas mismas empresas estatales explicaban las interminables colas que se hacían en los ochenta para conseguir arroz, leche o papel higiénico. En otras palabras, la tragedia que hoy padecen los venezolanos se escenificó aquí en el Perú. Más del 60% de la población cayó bajo la pobreza, la desnutrición de la niñez se disparó y no solo se perdieron décadas sino también varias generaciones. La Constitución de 1979 desencadenó esa tragedia, ¿cómo entonces algunos pretenden restablecer ese texto constitucional fallido?

Con la Carta Política de 1993 se abolió el estado-empresario y se estableció el papel subsidiario del Estado con respecto al sector privado. Se consagró el respeto a la propiedad privada, la preeminencia de los contratos sobre las leyes y el Estado (un principio violado por la ley de los peajes) y se consagró la libertad de precios. Los resultados son incuestionables. Se redujo la pobreza del 60% de la población a solo 20%, se triplicó el PBI y la sociedad peruana se convirtió en una de ingresos medios. Las tradicionales barreras entre las sociedades andinas y criollas se derrumbaron por el proceso de migraciones y la liberación de los mercados. 

Más allá de la extendida informalidad, Lima se convirtió en una metrópoli andinizada de más de diez millones personas, con pujantes clases medias emergentes en los conos de la ciudad. Allí están las decenas de malls y los millones de consumidores del norte, sur, este y oeste de la capital. Algo parecido sucedió en las principales ciudades del país.

Sin embargo, los comunistas, los colectivistas y los populistas hoy pretenden arrasar con estos logros únicos en la historia republicana, porque antes que rendirse a la realidad rinden pleitesía a la ideología. Por estas consideraciones, para ellos las impresionantes cifras y logros económicos y sociales no tienen valor alguno. Tampoco importa la tragedia del pueblo venezolano que hoy debe sacrificar a sus perros y gatos para alimentarse, ante la hambruna generalizada que ha desatado un modelo constitucional muy parecido que los comunistas pretenden restablecer.