Ajustar la agenda de la oposición y evitar la fragmentación territorial

Es imposible que el país continúe bajo el desgobierno nacional de la administración de Pedro Castillo y de Perú Libre. Imaginar que la destrucción nacional continúe hasta el 2026 es aceptar que la integridad territorial del Perú inevitablemente será fragmentada o que se desemboque en una asamblea constituyente que destruya la idea de Perú e instaure “una república plurinacional con equidad de género”.

El desgobierno nacional, el anuncio de la asamblea constituyente y las propuestas de nacionalizar el gas y el cobre, simplemente, han cancelado la posibilidad de una nueva inversión privada en el país con este Gobierno. En otras palabras, desde ahora solo queda el camino del estatismo, que solo aumentará la pobreza y nos convertirá en un Estado y una sociedad fallidas. El derrumbe de las instituciones también es otro huracán que amenaza a la peruanidad, no obstante la resistencia de las mayorías y del Congreso. En este devastador escenario el Estado se derrumba y la autoridad democrática, la vigencia de la Constitución y las leyes, se evaporan en una anarquía generalizada.

¿Cuáles son las consecuencias si persisten estas tendencias destructivas? Es evidente que el Perú se convertirá en una sociedad con mayoría de pobres y en la que las políticas populistas y clientelistas, y las demagogias circunstanciales de expropiaciones del sector privado pueden prosperar. En medio de la desinstitucionalización general y la pulverización del “Estado burgués” proliferarán organizaciones soviéticas –tal como sucede en las zonas mineras– y formas de violencia particular que buscarán detener y ahogar a las protestas opositoras, a semejanza de lo sucedido en Venezuela.

Sin embargo, en medio de este desplome general del Perú, lo más probable es que la crisis termine con la fragmentación territorial del Perú, uno de los sueños del Foro de Sao Paulo; pero sobre todo de la corriente neoindigenista que desarrolla Evo Morales en Bolivia. El proyecto colectivista de Bolivia busca acceder al mar sobre territorio peruano, luego de la instalación de una supuesta república plurinacional en el Perú. Como se observa, no es exagerado sostener que el Perú enfrenta las mismas amenazas y las mismas consecuencias devastadoras de un ejército de invasión externa.

Por todas estas consideraciones la oposición dentro y fuera del Congreso tiene que hallar un espacio de convergencias y postergar las diferencias para organizar una salida a la destrucción nacional que causa el Gobierno de Castillo y Perú Libre. Pero como ya lo hemos sostenido, no se trata del relevo del poder de Pedro Castillo para que la vicepresidente Dina Boluarte continúe la sucesión. Algo así sería desarrollar el esfuerzo máximo y traumático de relevar a un jefe de Estado para entregar el poder a otro adversario de la Constitución, las leyes y el sistema republicano. Imposible.

Se debe relevar a todo el Ejecutivo y convocar nuevas elecciones. Argumentos y razones legales y constitucionales sobran en extremo. De allí que el momento de las grandes decisiones debe producirse de cara a la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Es decir, debe forjarse la más amplia convergencia opositora porque los directivos del Congreso serán los encargados de liderar la transición en el Ejecutivo y el Legislativo.

Para avanzar en esa ruta se necesita el más amplio desprendimiento y una gran tolerancia entre las fuerzas opositoras. Se debe entender el momento que enfrenta el sistema republicano y la idea de peruanidad. Se dibuja una disyuntiva final: o preservamos la Constitución y las libertades o los comunistas logran cambiar de régimen político y social.

De allí que se necesite de grandeza para armar el rompecabezas de la oposición. Y aquí se requiere recuperar el criterio de la negociación, válida en política y que el progresismo intenta destruir. Si a pesar de la fragmentación generalizada del sistema político se logra una convergencia amplia y se elige a los hombres de la transición, el Perú se habrá ganado el derecho a mantener su Constitución y libertades.