¡Aferrarse a la Constitución y las instituciones!

La crisis política e institucional que ha desatado la propalación de los audios que comprometen al jefe de Estado en declaraciones impropias –por llamarlas de alguna manera– todavía no ha terminado. Ayer el Tribunal Constitucional (TC) sorprendió al país negándose a declararse en sesión permanente para tramitar la medida cautelar presentada por el Ejecutivo, que busca paralizar el proceso de vacancia presidencial. De esta manera el procedimiento extremo que desarrolla el Legislativo continúa.

De otro lado, una abrumadora mayoría del Congreso decidió ratificar a Manuel Merino en la presidencia del Congreso, no obstante los cuestionamientos que se levantaron, señalando que nunca debió llamar a los mandos militares antes de iniciarse el proceso de vacancia. Sobre estos hechos, entonces, se comenzaba a escribir un nuevo capítulo de este choque de poderes que se desarrolla en el sistema republicano y que está destruyendo todos los activos políticos, institucionales, económicos y sociales que se lograron en las últimas tres décadas.

En medio de una crisis sanitaria que ha convertido al Perú en uno de los países con las letalidades más altas del planeta y una megarrecesión que destruirá por lo menos el 15% del PBI, arrojará a cerca de un 30% de la población debajo de la línea de la pobreza y amenazará todos los avances macroeconómicos del país (10% de PBI en déficit fiscal, deuda pública del 38% del PBI y recaudación fiscal en caída libre), en este portal sostenemos que, a pesar de la guerra política y la colisión de poderes, la élite política, el Ejecutivo y el Congreso, deberían evitar una salida extrema y seguir apostando por los entendimientos.

La única manera de evitar los extremos es partir de un principio: cuando una república está al borde de un abismo debe aferrarse a su Constitución y a sus instituciones. Así ha sucedido con las repúblicas que han logrado sobrevivir tormentas como las actuales. De allí que la idea de procesar esta crisis dentro de la Constitución, y nada fuera de ella, y el respeto a las instituciones se conviertan en la regla fundamental para intentar un camino. 

Únicamente actuando dentro de ese marco es posible imaginar una salida que, a nuestro entender, debería pasar por restablecer un mínimo espacio de gobernabilidad y de entendimiento. Una de las preguntas que surge entonces es qué sucederá si acaece lo que la mayoría de observadores y constitucionalistas parecen señalar: que el proceso de vacancia se desarrolle y no se consigan los dos tercios de votos que establece la Constitución para invocar la figura de la incapacidad moral permanente. 

¿El Ejecutivo sentirá que habrá ganado? ¿La mayoría del Congreso considerará que solo se trata de un revés antes de la victoria? En otras palabras, ¿qué sucederá con los peruanos que siguen muriendo por la pandemia y con los millones de compatriotas sin empleo y en hambre si la guerra política continúa? ¿Qué pasará con los restos derruidos de la República si persiste el choque de poderes y ninguno de ellos está en posibilidad de imponerse sobre el otro?

En este contexto, solo queda persistir en la posibilidad de un entendimiento y de un nuevo momento político, a menos que un sector pretenda volver a escribir un nuevo capítulo de esta triste guerra política. Y ese nuevo momento tiene que construirse con un gabinete de unidad nacional que restablezca niveles mínimos de gobernabilidad y garantice elecciones limpias y transparentes. Luego de los gestos de esta semana, el Gabinete Martos ya no garantiza los espacios mínimos para los entendimientos.