Acuerdo Ejecutivo-Legislativo para enfrentar pandemia y recesión

Desde que se desató la pandemia del coronavirus en el Perú, América Latina y el mundo, las corrientes colectivistas y estatistas en economía, y las tendencias autoritarias en política, de una u otra manera, siguen avanzando.

En el Perú, la falta de un acuerdo mínimo entre el Ejecutivo y una coalición de partidos responsables en el Congreso impidió otorgar la confianza al Gabinete que presidía Pedro Cateriano. De esta manera la caída del equipo ministerial se sumó a la recesión que se devorará más del 15% del PBI, destruirá más de tres millones de empleos, arrojará a cerca de un tercio de la población debajo de la línea de la pobreza, creará un déficit fiscal cerca del 10% del PBI y aumentará la deuda pública por encima del 35% del PBI. En este contexto, las corrientes colectivistas y comunistas que soliviantan a las poblaciones del Corredor Vial del Sur –con objeto de bloquear más del 50% de la producción nacional de cobre–, simplemente se frotan las manos sentadas en el palco de un circo romano.

Pero si reflexionamos rápidamente sobre el porqué la recesión en el Perú será la más grave de todas las sociedades de ingreso medio, y también en la terrible destrucción de parte del tejido empresarial, es evidente que la causa está en la imposibilidad de contener la pandemia con políticas públicas eficaces. Y si seguimos profundizando las cosas, será incuestionable que la principal responsabilidad de esta tragedia recae en el Ejecutivo. Sin embargo, a pesar de todas estas constataciones, los peruanos de buena voluntad, todas las corrientes republicanas que luchan por preservar las libertades políticas y económicas, están obligadas a forzar acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo para investir un nuevo Gabinete que sea capaz de desarrollar tres objetivos: contener la pandemia, enfrentar la recesión y garantizar elecciones transparentes.

De una u otra manera, hoy alcanzar esos objetivos pasa por ese acuerdo político mínimo. Un acuerdo en estas condiciones es extremadamente complicado, no solo porque el avance de la pandemia está dejando una devastación en vidas humanas y en avance de pobreza –algo parecido a los resultados de una guerra convencional–, sino también por el estilo del jefe de Estado y su reticencia a dialogar con los partidos y otros políticos. A estos factores habría que sumar las secuelas de una guerra política que no cesa desde las elecciones del 2016, el referendo y el cierre inconstitucional del Congreso. Sin embargo, no hay otra alternativa: solo nos queda el acuerdo para evitar salidas que solo favorecerían a diversas tendencias populistas, colectivistas y comunistas.

Antes de la pandemia se solía señalar que la crisis política avanzaba por un lado y el desarrollo económico por otro, más allá de los recurrentes sustos que se levantaron en las elecciones del 2001, del 2006, del 2011 y del 2016, frente a las opciones estatistas que cuestionaban los principios políticos, institucionales y económicos de la Constitución de 1993. Ahora es imposible sostener una aproximación de ese tipo. A la crisis política casi perpetua –que se convirtió en una guerra cruenta y judicializada– se ha sumado la pandemia, la alta letalidad, la recesión y el aumento de pobreza. 

En los últimos treinta años el Perú redujo la pobreza sostenidamente, hasta convertirse en ejemplo mundial. La novedad ahora es que, durante el avance de la pandemia, el país aumentará la pobreza de manera acelerada –hasta retroceder una década– y se convertirá en un mal ejemplo mundial. En este contexto, ¿cómo no vamos a contemplar la resurrección de las posibilidades del populismo y el colectivismo?

Ignorar esta realidad es una irresponsabilidad histórica. Ignorar la urgencia de un acuerdo mínimo entre el Ejecutivo y el Legislativo es demostrar frivolidad ante el sufrimiento del pueblo frente a la pandemia y la recesión. Y además es entregar la república inerme al avance de la aventura colectivista.