¡A más informalidad, más pobreza!

En el documento “Perú: evolución de la pobreza monetaria 2011-2022”, del Instituto Nacional de Estadística, se establece que la pobreza monetaria alcanza al 27.5% de la población; es decir, más de nueve millones de peruanos. En el mismo estudio se establece que los cinco departamentos con mayor pobreza son Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. El rango de pobreza en estas regiones se ubica entre el 39.4% y el 43.3% de la población. En estas áreas cuatro de cada 10 personas son pobres.

Vale señalar que las regiones mencionadas tienen la mayoría de sus economías y sociedades bajo la informalidad. En otras palabras, allí donde existe mayor pobreza, igualmente se presenta una mayor informalidad, una abrumadora extralegalidad. ¿Qué significa semejante afirmación? Que en las regiones más pobres del país el Estado de derecho es casi inexistente, la ausencia del Estado en la provisión de servicios es casi total y, por otro lado, los ciudadanos no pagan impuestos nacionales ni locales. En Puno, por ejemplo, casi el 90% de la economía es informal. Únicamente los funcionarios y empleados del Estado responden a la formalidad vigente.

En este contexto, cuando hablamos de pobreza monetaria –tal como lo indica el registro del INEI– en realidad, estamos hablando de la informalidad económica, política y social. Es imposible negar esta verdad evidente.

El problema de la informalidad, entonces, debería convertirse en un objetivo nacional a erradicar. ¿Cómo construir una legalidad que logre representar la realidad concreta de las sociedades hoy sumergidas en pobreza? ¿Cómo organizar una nueva relación entre el Estado nacional y estas regiones con más de 40% en pobreza? Al respecto se han escrito montañas de papeles y han corrido, como se dice, ríos de tinta.

Sin embargo, existen algunas conclusiones en las que todos los enfoques bien intencionados parecen converger: la necesidad de simplificar los procedimientos eternos y costosos en el Estado, y la de acabar con todas las sobrerregulaciones y aduanas que se han levantado en contra de los ciudadanos, la sociedad y la inversión privada. Necesitamos, pues, cancelar uno de los estados más burocráticos de la región, no obstante los principios desreguladores de nuestra Constitución y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú.

Asimismo, necesitamos unificar los sistemas tributarios y convertirlos en uno general e integrado, y contemplar la posibilidad de bajar los impuestos –encontrando el mejor momento– sin afectar la recaudación nacional. De la misma manera necesitamos reformar la legislación laboral, buscando que la flexibilidad sea el eje de los contratos de trabajo, tal como sucede en todas las sociedades desarrolladas.

Por allí existe una ruta para combatir la informalidad, siempre y cuando exista una clara voluntad de avanzar en este sentido en el Ejecutivo, el Congreso y las autoridades de los gobiernos subnacionales. Sin embargo existe una condición sin la cual será imposible combatir la extendida informalidad en la sociedad: se debe cambiar la mirada de arriba hacia abajo por una de abajo hacia arriba en cuanto al desarrollo de las reformas legales.

¿A qué nos referimos? No se puede combatir la informalidad si es que no observamos el problema desde abajo, desde la realidad de las sociedades informales en donde se extiende la pobreza; pero donde también hay mercados emergentes, relaciones entre empresas y trabajadores, relaciones entre mercados, entre familias y municipios y localidades. Si creemos que la erradicación de la informalidad provendrá de reingenierías institucionales de técnicos y expertos o de planeamientos sofisticados, enfrentaremos un nuevo fracaso en la lucha contra este flagelo.

Los políticos y funcionarios influenciados por el colectivismo y el progresismo, por ejemplo, consideran que la estabilidad y el sueldo mínimo son las dos columnas de cualquier reforma de la legislación laboral. Sin embargo, en todos los mercados populares del país –desde Juliaca hasta Moquegua, pasando por Huancayo hasta La Libertad– semejantes criterios suenan a locuras, a argumentos enfebrecidos de limeños, de aristocracias sindicales, que nada tienen que ver con la realidad de millones de empresarios y trabajadores informales que trabajan de sol a sol.

Cuando el combate a la informalidad se pretende hacer de arriba hacia abajo, el Estado se convierte en el peor enemigo de los pobres, de los millones de emprendedores que evitan la disolución del país.