A desactivar pretensiones de la SBN

El nuevo ministro de Vivienda, Javier Piqué, tiene innumerables responsabilidades en su sector. Sobre todo las vinculadas a la reconstrucción del norte, la asistencia a las familias que perdieron sus viviendas por El Niño costero, la reconstrucción de los sistemas de agua y desagüe de las ciudades de Piura y Tumbes y el desarrollo de un nuevo planeamiento urbano. Tremendos retos para el ministro Piqué. Sin embargo, las urgencias de las responsabilidades no debería postergar la necesaria desactivación de una bomba de tiempo que se ha ido acumulando en los últimos quince años y que podría explotar en cualquier momento: las pretensiones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) sobre las propiedades y posesiones de ciudades, caletas e inversiones en el litoral peruano.

Como ya hemos informado en este portal, la SBN reclama la titularidad de los predios en los distritos de Talara, El Alto, Lobitos, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos, en Piura y Tumbes. Ciudades, caletas, casas, barrios enteros e inversiones en turismo podrían ser borrados de un plumazo si se concretarán las reclamaciones de la SBN. Pero no solo se trata de litigios con los propietarios del litoral del norte, sino que también se plantean las mismas reclamaciones en las provincias de Ica, Pisco, Palpa y parte de Nasca. La SBN ha logrado inscribir 228,328 hectáreas (de más de 38 partidas registrales) a su favor en las señaladas jurisdicciones.

Como se aprecia con absoluta claridad la SBN se proclama propietaria de casi todo el litoral peruano que es ocupado por propietarios y posesionarios que mantuvieron sus predios durante varias décadas. ¿Es posible semejante reclamo? De ninguna manera. La Carta Política de 1993 y el Código Civil establecen con absoluta claridad que la posesión es fuente de propiedad. En el libro V del Código Civil, igualmente, se establece que el posesionario de un predio puede reclamar la propiedad mediante la prescripción adquisitiva si es que ha mantenido la posesión durante diez años y si no existe un título que se oponga.

Durante los últimos gobiernos en el Perú se organizó una sobrerregulación en el derecho de la propiedad que, finalmente, produjo la actual situación: la creación de un supuesto Estado propietario, es decir, un Estado que reclama títulos y propiedad relativizando el derecho de los privados.

La Ley de Hidrocarburos (Ley 026221- DS N° 054-94 PCM), que otorgó la titularidad de todas las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria a Petroperú, es la primera norma que invoca la SBN para argumentar que existe un título oponible a los privados. ¿Por qué? Porque esas propiedades de Petroperú se transfirieron a la SBN. Sin embargo cuando se produjo “el traslado de la propiedad” en el Perú regía la Constitución de 1993 y el Código Civil, que regulaban los derechos de propiedad y el ejercicio de la posesión.

No hay manera cómo justificar legal y constitucionalmente las pretensiones de la SBN sobre los predios de pueblos, caletas e inversiones en litoral peruano. De otro lado, semejantes pretensiones son inejecutables porque desatarían una convulsión social imposible de manejar para cualquier gobierno.

¿Por qué extraña razón entonces la SBN se ha convertido en el principal litigante en los juzgados del litoral? Todo parece indicar que la intención de mantener la incertidumbre sobre propiedades y posesiones tiene que ver con estrategias para el mercado de tierras. Por ejemplo, un litigio en desarrollo disminuye el valor de las propiedades y obliga a vender a algunos. Incluso se conoce de posesionarios que han vuelto a comprar sus tierras en un extraño mercado que tiene mucho de informal.

En el Gobierno de Vizcarra se ha expresado una clara voluntad de luchar contra la corrupción. Bueno, una manera de avanzar en ese sentido es cancelando las absurdas pretensiones de la SBN sobre el litoral peruano.