2017: ¡A recuperar sentido de la historia!

La enorme responsabilidad de pepekausas y fujimoristas

Los primeros seis meses de la administración PPK y de la gestión del Congreso por la mayoría fujimorista dejan la impresión —no obstante las increíbles posibilidades de convergencia— de que el Ejecutivo y el Legislativo no han encontrado los caminos para organizar la gobernabilidad.

Si bien el fujimorismo otorgó gobernabilidad en la confianza del Gabinete, la delegación de facultades legislativas y la discusión del presupuesto, también ejerció su legítimo derecho al control político. Es evidente que el balance nos indica que cumplir los mandatos constitucionales y legales no es suficiente para la gobernabilidad. Se necesita mucho más.

El Ejecutivo ha comenzado a usar con propiedad las facultades delegadas para legislar, promulgando normas que apuntan a derribar el muro de sobrerregulaciones levantado en los últimos quince años, a destrabar proyectos claves para reactivar la economía, a relanzar la inversión pública mediante el nuevo sistema Invierte. Pero es igualmente claro que si no hay un entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo no se impulsarán las reformas estructurales que el Perú necesita para seguir creciendo a tasas altas, reducir pobreza y restaurar la soberanía del Estado en las regiones mineras en donde el radicalismo antiminero pretende paralizar la producción de metales del Perú.

Lo dicho anteriormente resume el balance del 2016. Si ese balance lo ponemos en el contexto del momento histórico del país, como se dice coloquialmente, no alcanza ni para el té. El Perú es una sociedad de ingresos medios que atraviesa el mejor momento de su historia republicana. Cuatro procesos electorales sin interrupciones, una institucionalidad que se mantiene pese a sus clamorosos problemas y un crecimiento capitalista que ha triplicado el PBI, ha reducido pobreza del 60% de la población a 20% y ha empezado a configurar una sociedad de clases medias. Logros incomparables.

Sin embargo, en toda sociedad de ingresos medios, si las élites políticas no son capaces de impulsar reformas de segunda generación, la economía se desacelera, aparecen los fantasmas de la recesión y, muchas veces, la impaciencia de las clases medias determina la resurrección de las momias estatistas. Allí están las tragedias de Venezuela y Argentina, típicas sociedades de ingreso medio.

En este contexto, desde este portal, solo nos queda invocar al pepekausismo y al fujimorismo a recuperar el sentido de la historia que atraviesa nuestro país y convertir el 2017 en el año de la convergencia política, sin necesidad de que el oficialismo y la oposición diluyan sus papeles y objetivos hacia el 2021.

La cumbre que se produjo entre PPK y Keiko Fujimori, por lo tanto, debería ser la primera de varias reuniones en las que se discuta qué hacer para lanzar un shock institucional que modernice el Estado, se recupere la soberanía estatal y se pulverice el sistema burocrático organizado en la democracia post-Fujimorato. La reforma laboral es otro enorme reto. El ministro de Economía, Alfredo Thorne, propone rebajar los sobrecostos laborales —que hoy sobrepasan el 50% del salario— a solo 10% en el 2021. ¿Cómo se puede avanzar en ese objetivo sin acuerdos entre pepekausas y fujimoristas? Imposible.

Igualmente, el Perú no seguirá creciendo si es que el Estado y el sector privado no se lanzan a resolver los déficits de infraestructura que se acumulan cada año. Así como no hay mercado sin infraestructura legal para los contratos, tampoco existe mercado sin infraestructura física que posibilite reducir costos para transportar la producción y que provea de energía, redes y todas las herramientas para incrementar la conectividad del país.

La censura al ex ministro de Educación Jaime Saavedra nos debería servir de lección para entender que en una sociedad abierta no se puede impulsar una reforma de la educación en función de los intereses ideológicos de un sector de la sociedad, sino que se debe gestar un amplio acuerdo nacional. Y en el Perú existe una masa crítica mayoritaria a favor de la meritocracia en la carrera docente desde que se derrotara el veto del sindicato magisterial a la evaluación docente.

No puede, pues, haber crecimiento de largo plazo sin una nueva educación y sin un nuevo sistema de salud. En las reformas de educación y salud el esfuerzo estatal debería concentrarse en los más pobres, mientras que se gradúan los subsidios a los demás sectores de acuerdo a los ingresos. Implementar una política de ese tipo no es posible sin la presencia del sector privado en las reformas.

En todo caso, si hasta el 2021 no se desarrollan las reformas de segunda generación se le habrá facilitado el trabajo a la ofensiva de las propuestas antisistema que amenazó la democracia y el mercado en las elecciones nacionales del 2006, del 2011 y del 2016.