Se acentúa el autoritarismo en Nicaragua

Nicaragua sigue paralizándose. Ante la crisis política y social que ha desatado el régimen autoritario de Daniel Ortega, la alianza opositora convocó a un paro nacional de tres días, la semana pasada, para detener la represión del Gobierno y retomar el diálogo. El anunciado paro nacional no solo se produjo en las calles, sino también en la economía. Durante la jornada de protesta la economía nicaragüense se detuvo y la crisis política amenazaba con generar un mayor deterioro económico. Y la crisis tiene para largo, porque Ortega no tiene la menor intención de abandonar el poder.

En el país centroamericano, pues, no solo hay un Gobierno autoritario que persigue y reprime a la oposición, y censura a la prensa independiente, sino que la economía en el 2018 retrocederá en 3% y se sumarán 250,000 desempleados (empleos perdidos) a la cifras negativas. En este contexto, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s bajó la calificación crediticia de la economía nicaragüense.

¿Cómo se ha generado la terrible crisis en Nicaragua? En 2007, luego de un periodo de democracia y recuperación económica, el pueblo nicaragüense le otorgó otra oportunidad a Ortega; y desde entonces, suma cuatro periodos presidenciales. Los tres últimos de manera consecutiva, porque en 2014 la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de Ortega de instaurar la reelección indefinida. Como se aprecia, el mismo modelo institucional autoritario de todos los regímenes chavistas en la región.

En este escenario, los más de 40 movimientos sociales y empresariales pertenecientes a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) se sumaron al paro y acordaron detener el consumo de productos generadores de gran recaudación para el Gobierno, tales como combustible, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y tabaco. “Estas acciones se toman debido a que el régimen se opone que el pueblo se pronuncie de manera pacífica y cívica. Llamar al paro de consumo es una forma de restarle financiamiento al régimen que nos reprime”, señaló Harley Morales, coordinador de la Alianza Universitaria (que es parte de la Unidad Azul y Blanco).

Recientemente, ante la crisis sociopolítica de Nicaragua y el secuestro de la prensa por parte del régimen de Daniel Ortega, funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) visitaron Nicaragua y revelaron que las víctimas de la dictadura suman más de 300 muertos y 2,000 heridos. Asimismo, tres estudiantes nicaragüenses fueron condenados a 17 años de cárcel tras ser “encontrados” culpables del delito de terrorismo, solo por participar de las marchas contra el régimen de Ortega. Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado que el Gobierno utiliza armas de fuego para reprimir a los manifestantes y que existen 459 presos políticos.