A través de la prensa de los Estados Unidos se acaba de...
A través de las redes sociales, Correa ha defendido a la empresa brasileña
El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha rechazado las imputaciones sobre corrupción que la brasileña Odebrecht habría hecho a su gobierno, por alrededor de US$ 35.5 millones. Correa ha recalcado que Ecuador no aceptará las acusaciones que hace la justicia norteamericana “sin pruebas”; al contrario, el mandatario ha salido a defender los contratos que se hicieron con la empresa brasileña. Semejante actitud del mandatario ecuatoriano, haciendo una airada defensa de su gobierno, demuestra la poca capacidad de transparencia. Algo similar a lo sucedido en Venezuela, donde el gobierno bolivariano rechazó también las acusaciones de soborno y corrupción por más de US$ 98 millones que habría realizado Odebrecht. ¿Miedo a la investigación americana o simplemente no hubo corrupción en Ecuador y en el resto de Latinoamérica sí?
Como se sabe, la justicia norteamericana ha revelado que la empresa brasileña Odebrecht pagó, a funcionarios y políticos de primer nivel de varios gobiernos latinoamericanos, una suma alrededor de US$ 788 millones para obtener la buena pro de las concesiones y licitaciones de obras de infraestructura. En Ecuador, según la justicia norteamericana, Odebrecht habría pagado más de US$ 35 millones entre el 2007 y el 2016; es decir durante todo el gobierno de Rafael Correa. No obstante, negar las imputaciones parece ser el camino de las autoridades ecuatorianas.
Las obras construidas por Odebrecht durante el gobierno de Correa son de infraestructura. Así, en el 2007 Odebrecht construyó la central hidroeléctrica de San Francisco, en Tungurahua. Pues bien, luego de algunos exámenes técnicos la Contraloría General indicó que había fallas en la obra y Odebrecht debería pagar alrededor de US$ 103 millones, y sin embargo hasta el momento no cumple. También la empresa brasileña construyó otra central hidroeléctrica ubicada en Manduriacu, en la región Pichincha, obra en la que ahora la oposición ha encontrado serias irregularidades. El presidente Correa, a través de sus cuentas de redes sociales, ha salido a defender a la empresa sosteniendo que el contrato se hizo al 100% auditado. El mandatario ecuatoriano trata de negar lo evidente.
El gobierno en pleno se ha dispuesto para defenderse de cualquier acusación de soborno de parte de la empresa Odebrecht. Incluso de deslizó el rumor de que hay un interés geopolítico de la parte de las autoridades norteamericanas para involucrar a los gobiernos de izquierda. El presidente Correa tiene sometidas a algunas instituciones, como el Ministerio Público; de allí que no sea ninguna sorpresa que la Fiscalía apenas haya comenzado las investigaciones indagatorias sobre los presuntos sobornos. El fiscal general de la República, apena han entablado relaciones con los representantes diplomáticos brasileños, cuando en varios países —como Perú, Panamá o México— las instituciones han llegado a un acuerdo con los representantes de la empresa para obtener información.
Representantes de la oposición señalan que Correa cambió la ley de inversión pública para que los proyectos asignados a Odebrecht —como en el caso de las hidroeléctricas— puedan ejecutarse; casi el mismo modus operandi de lo que sucedió en el Perú con la carretera IRSA Sur. Sin embargo, la justicia peruana ha comenzado el camino de la investigación.
No debe sorprender la actitud de Correa. Si bien la corrupción no tiene nombres, apellidos o colores, la izquierda regional se reserva el derecho de guardiana de la ley, cuando a veces es todo lo contrario. Sin embargo, Rafael Correa tiene mucho que explicar porque los cuestionamientos están todavía allí.
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