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El presidente Rodrigo Paz asumió el poder el pasado 8 de noviembre, luego de cerca de dos décadas de control político y devastación económica causados por el Movimiento de Acción hacia el Socialismo (MAS) y el eje bolivariano con el epicentro de la Habana- Caracas. En el acto el gobierno de Paz restableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, anunció el regreso de la DEA para desarrollar la lucha antidrogas y anunció que no se invitaba la transmisión de mando presidencial a Cuba y Venezuela porque no eran regímenes democráticos. En otras palabras, unas horas antes de asumir el poder Paz había sacado a Bolivia del eje bolivariano.
Si bien cualquier gobierno democrático en Bolivia debe enfrentar el férreo control institucional que impuso el MAS y el eje bolivariano sobre las fuerzas armadas, la policía, el Poder Judicial, el sistema electoral y otras entidades, es incuestionable que el futuro del gobierno de Paz se jugará en el plan frente a la destrucción económica que ha causado el socialismo en Bolivia.
Paz, al igual que Javier Milei en Argentina, le ha hablado al pueblo boliviano con franqueza y ha prometido un camino de sacrificio y ajuste que se compensará con el crecimiento. Sin embargo, en cuanto a los anuncios económicos solo se ha conocido la decisión del gobierno de eliminar tres ministerios y reducir 58 viceministerios a 17, con el objeto de ahorrar US$ 1,000 millones al año. Por otro lado, se conoció que el grueso de paquetes de medidas se anunciará en marzo del próximo año.
La gran pregunta que se hacen los observadores es si a Rodrigo Paz le alcanzará una salida gradualista a la crisis de la economía boliviana. El gradualismo en la región siempre ha naufragado porque los gobiernos no solo no pueden controlar la crisis –tal como le sucedió a Mauricio Macri en Argentina– sino que pierden capital político para seguir desarrollando alianzas y convergencias. Paz necesita, a cualquier costo, preservar el capital político para impulsar un gran acuerdo en el Legislativo con las centro-derechas.
El MAS y el socialismo han dejado a Bolivia quebrada. Se han agotado las reservas nacionales en dólares para importar diésel y gasolina, y la escasez no solo genera colas interminables en los grifos, sino que también puede paralizar todo el aparato productivo. En este escenario los subsidios estatales a los precios del diésel y la gasolina imposibilitan que el sector privado importe estos commodities que se rigen por precios del mercado internacional.
El gobierno de Bolivia necesita diésel y combustibles para que funcione la economía. La única manera de resolver el problema es desregular los precios y eliminar los subsidios. Una situación que iniciaría el shock y el ajuste que necesita Bolivia.
Vale señalar que la nación del Altiplano hoy tiene una inflación anual entre 23% y 24% anual, el déficit fiscal suma alrededor del 10% del PBI, el gasto total del Estado representa el 40% del PBI y su deuda pública suma cerca del 90% del PBI. Todas estas cifras aterradoras de la economía socialista del MAS se desarrollan en medio de una regulación general de precios y mercados, y de la proliferación de empresas estatales.
Hay que entender que la lucha por la democracia y la libertad en el continente no solo se juega frente a las costas de Venezuela, sino también en el éxito económico de Argentina y Bolivia, y en las elecciones nacionales que se avecinan en la región. De allí la enorme importancia acerca de que el mundo libre respalde los esfuerzos económicos del presidente Paz.
















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