Hace apenas unos años, hablar de una alianza hemisférica...
Claudia Sheinbaum llegó al poder en octubre de 2024 prometiendo continuidad con el obradorismo y una gestión “científica” del Estado. Casi dos años después, el balance muestra un país que administra sus crisis mientras intenta proyectar una imagen de normalidad. El crimen organizado, el deterioro fiscal y el estancamiento económico contradicen la promesa de una transformación capaz de producir resultados concretos.
En materia fiscal, el Gobierno mexicano proyecta para 2026 una deuda pública equivalente al 52,3% del PBI. El déficit del sector público alcanzó en el primer trimestre su nivel más alto del siglo, 151% por encima del registrado un año antes. A ello se suma que los ingresos tributarios cayeron 1,4% en términos reales entre enero y mayo, su primer descenso en un período similar desde 2012.
El panorama económico tampoco ofrece motivos para el optimismo. El FMI recortó su proyección de crecimiento de México de 1,6% a apenas 1,2% para 2026 y advirtió que “la incertidumbre seguirá frenando la actividad económica”. La inflación, que se ha moderado hasta 3,10%, responde principalmente a la caída de los precios agropecuarios y no a la consolidación de una política económica particularmente exitosa.
Pero es en materia de seguridad donde la distancia entre el discurso oficial y la realidad resulta más dramática. En 2025 México acumuló más de 133.500 personas desaparecidas, 10,5% más que el año anterior. A ello se suman más de 73.000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas clandestinas, según Amnistía Internacional y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
El Gobierno de Sheinbaum destaca una reducción de 48% en los homicidios dolosos respecto de 2024. Sin embargo, Causa en Común documentó 2.529 atrocidades —masacres, torturas y mutilaciones— solo durante el primer semestre de 2026: un promedio de 14 crímenes de extrema violencia cada día. Guanajuato, Sinaloa y Baja California continúan siendo escenarios de enfrentamientos entre cárteles que el Estado no consigue desarticular, mientras se han identificado más de 4.500 fosas clandestinas en el país.
En el terreno político, la oposición atraviesa una de sus etapas más débiles desde la alternancia democrática. PAN y PRI permanecen fragmentados y sin un liderazgo nacional capaz de competir con Morena, que consolida su control del Congreso. Eduardo Verástegui, la figura que intentó articular una derecha conservadora de nueva generación, anunció en marzo de 2026 su retiro de la política electoral tras fracasar en su intento de registrar el partido Viva México. Su decisión deja un vacío que ninguna otra figura ha conseguido ocupar y confirma que, por ahora, el proyecto morenista carece de una alternativa capaz de disputarle seriamente el poder en 2030.
En el ámbito cultural, el Gobierno profundiza la agenda progresista que Morena institucionalizó durante el mandato de López Obrador. La perspectiva de género en la administración pública, el discurso identitario y determinadas batallas simbólicas ocupan un espacio cada vez mayor en la comunicación oficial. La producción de una canción feminista junto con Julieta Venegas, en el contexto del reciente Mundial de fútbol, constituye un ejemplo de esta prioridad.
El problema no es que el Estado participe en debates culturales, sino que esas prioridades terminan adquiriendo una relevancia desproporcionada frente a las urgencias que padecen los mexicanos: seguridad, empleo, inversión y justicia. Resulta difícil presentar como una verdadera transformación un proyecto político que puede exhibir avances en su agenda simbólica mientras sigue sin resolver una tragedia forense de dimensiones nacionales.
México necesita una oposición capaz de ofrecer una alternativa creíble y, sobre todo, verificable: menos propaganda y más resultados en seguridad; menos intervencionismo y más inversión; menos expansión del gasto y mayor disciplina fiscal. La continuidad del obradorismo puede garantizar la permanencia de Morena en el poder, pero no necesariamente la transformación que prometió. Y mientras la oposición no consiga demostrar que puede gobernar mejor, esa contradicción seguirá sin tener consecuencias electorales.
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