¡La paz en Colombia peligra por negativa a extradición!

La paz en Colombia no está asegurada. En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estalló un gran conflicto político y judicial: no solo se negó la extradición de Jesús Santrich (uno de los principales líderes de las FARC, vinculado al cartel de Sinaloa) a Estados Unidos, sino que se ordenó su liberación inmediata, lo que motivó la renuncia de Néstor Martínez, fiscal general de Colombia, y Gloria Borrero, ministra de Justicia. Para calmar las aguas la JEP ordenó la recaptura de Santrich y desde las FARC las amenazas hacia el Estado colombiano resurgieron. En este contexto, resultará saludable para la paz en Colombia que el Senado apruebe las modificaciones de la JEP presentadas por el presidente Iván Duque para terminar con este tipo de privilegios que imposibilitan una auténtica justicia para las víctimas del terrorismo.

En el marco del Tratado de La Habana —firmado en el 2016, en el gobierno del expresidente, Juan Manuel Santos— se creó la JEP, un fuero especial para los exterroristas de las FARC. Esta justicia especial ha permitido que los causantes de millares de muertes, secuestros, violaciones e infinidad de delitos de lesa humanidad gocen de libertad y amnistías. Asimismo, hizo posible la incursión de las FARC en la política y colocó a 10 exguerrilleros en el parlamento colombiano, sin haber sido elegidos por el voto popular. Como sabemos, tanto el Tratado de La Habana como la JEP fueron aprobados a pesar del rechazo de la mayoría del pueblo colombiano, mediante referendo.

Jesús Santrich, el guerrillero vinculado al cartel de Sinaloa (fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán), estaría implicado en el contrabando de diez toneladas de droga. Por tratarse de delitos cometidos luego del Tratado de La Habana, La JEP no debería haber tomado este caso, sino la justicia ordinaria. Esta es la razón por la que se levantaron olas de críticas e indignación en el pueblo colombiano, y también en la justicia norteamericana, que exige una apelación urgente para extraditar a Santrich y encerrarlo en una prisión de máxima seguridad.

Tal parece que la JEP responde a la presión por parte de las FARC, quiénes tienen la sartén por el mango, pues amenazan con volver a las armas si sus privilegios son retirados. No obstante, Iván Duque ha reiterado que caerá todo el peso de la ley a los exguerrilleros reincidentes. Asimismo, ha anunciado que espera que el Senado apruebe sus objeciones con respecto a la JEP, luego de que la Cámara de Representantes las rechazara. Duque responde así al clamor ciudadano, porque sus propuestas para reformar la JEP buscan eliminar la impunidad y los privilegios a los exguerrilleros y garantizar la reparación civil para los familiares de las víctimas.

La reciente crisis en Colombia resulta lamentable para una sociedad que aún no sana de las heridas causadas por más de 50 años de violencia interna. Y las consecuencias de esta crisis ya han trascendido las fronteras colombianas; por una parte el Gobierno estadounidense exige la extradición de Santrich; por otro, la Corte Penal Internacional, pide respetar el fallo de la JEP sobre Santrich.

Colombia no obtuvo la paz que nosotros sí ganamos frente a Sendero Luminoso, y por eso la problemática en torno a los movimientos subversivos y terroristas sigue vigente en ese país. El Tratado de La Habana fue una especie de rendición por parte del Estado colombiano: en lugar de garantizar una paz duradera, abrió las puertas para la ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, mediante atentados, busca el mismo trato que recibe las FARC por parte del Estado.