Elecciones en Bolivia sin Evo, pero con desastre económico

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia acaba de habilitar diez postulaciones presidenciales para las elecciones nacionales del 17 de agosto; sin embargo, el Partido de Acción Nacional Boliviano de Evo Morales no está autorizado para los comicios. Evo no participará en la lid electoral, pero la división de las derechas y la oposición en general y el férreo control de las instituciones electorales, del sistema de justicia y del Congreso de parte del Movimiento de Acción al Socialismo y el eje bolivariano hacen prever que la izquierda colectivista moverá cielo y tierra para seguir controlando el poder.

En cualquier caso, llama la atención el modelo de dictadura que se implementa en Bolivia que, al lado de los encarcelamientos de los opositores políticos y el férreo control de las instituciones, permite la disputa y el enfrentamiento entre el presidente Arce y Evo Morales. Una novedad posmoderna del socialismo del siglo XXI. En cualquier caso, lo único seguro es que el eje La Habana-Caracas no dejará el poder en La Paz por nada en el mundo.

Lo que sí está fuera del control en Bolivia es el modelo de sustitución de importaciones, que comienza a implosionar desde todos lados por la falta de dólares para seguir importando combustibles. Con la crisis económica en Bolivia el eje chavista se queda sin modelo que propagandizar en la región. Antes cuando Venezuela estallaba por la extracción de los recursos petroleros de la sociedad llanera las izquierdas en la región solían enorgullecerse de la ilusión económica acerca de que Bolivia crecía sostenidamente. A pesar de que la expansión se explicaba por los precios altos del gas y los commodities y por un gasto público irresponsable que terminó devorándose los dólares de economía boliviana.

Como todos sabemos en Bolivia no existe libertad de mercados ni precios. Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia (YPF) importa más del 90% del diésel y más del 50% de la gasolina que se consume en el país altiplánico. El asunto se agrava con los subsidios de más del 50% sobre los precios de mercado de los combustibles. Semejante estado de cosas, incuestionablemente, presionan sobre las finanzas públicas.

A estas terribles noticias hay que agregar que el déficit fiscal de la economía boliviana suma alrededor del 10% del PBI y la deuda pública llega a representar más del 90% del PBI. 

Si a todos estos nubarrones le agregamos que la inflación comienza a acelerarse sobre el 5%, entonces tenemos todas las tragedias que el modelo estatista, de sustitución de importaciones, de control de precios y mercados y de empresas públicas, han desatado en América Latina. Es el mismo modelo que arrojó al 90% de los ciudadanos de Venezuela a la pobreza, una sociedad que tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Es el mismo modelo que destruyó el Perú luego de las reformas estatistas del velascato y ha empobrecido por décadas a la Argentina antes de la llegada de Javier Milei.

Bolivia, pues, avanza a una disyuntiva insalvable que deberá resolverse luego de las elecciones del 17 de agosto. El sentido común indica que Bolivia requiere un ajuste económico que liberalice precios y mercados para que el sector privado importe los combustibles y los venda a precios de mercado. Es una decisión dolorosa, pero como todo ajuste es el precio que los pueblos pagan por aceptar la irresponsabilidad. 

Igualmente, Bolivia necesita desarrollar un ajuste fiscal, reducir el déficit, eliminar subsidios de todo tipo y racionalizar el gasto en planilla. Sin embargo, los chavismos, tal como sucede en Venezuela, priorizan el poder antes que el bienestar de los pueblos. 

En ese sentido, con el poder colectivista remozado luego de las elecciones de agosto lo más probable es que el MAS radicalice el estatismo, los controles de precios y mercados con el objeto de extender la pobreza y la dependencia del Estado de los empobrecidos. En ese escenario se buscará expulsar a una gran parte de la población boliviana –tal como lo hizo Cuba y Venezuela– para posibilitar una mejor entrega de las dádivas estatales.