Colombia: paz ficticia o auténtica justicia

Mientras que en Venezuela se respira esperanza con las acciones e iniciativas del presidente Juan Guaidó, en Colombia se enfrentan días cruciales en la lucha contra el narcoterrorismo. Hace poco, la captura de Arturo Ordóñez Riveros (alias El Elefante), cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y autor intelectual del reciente atentado en la Escuela de Cadetes de Santander fue celebrada por el pueblo colombiano. No obstante, en menos de una semana el presidente Iván Duque tendrá que sancionar u objetar la ley de  Justicia Especial para la Paz (JEP), aprobada en el Congreso el año pasado.

La mencionada ley, de carácter casi constitucional (estatutaria) brindaría múltiples beneficios para los ex guerrilleros de las FARC y ELN.  Asimismo, libraría de investigaciones y procesos a los terroristas que violaron derechos humanos. En este contexto, cabecillas guerrilleros y sectores de la izquierda están presionando a Duque para que aprueben dicha ley a cambio del cese total de la violencia. Sin embargo, para el presidente colombiano la justicia a favor de las familias de las víctimas parece ser lo primordial. Una terrible encrucijada.

La mencionada ley estatutaria también fue tramitada en octubre de 2017 por la Fiscalía de Colombia. En ese entonces, Juan Manuel Santos aún era el presidente. Más de seis meses después, en julio de 2018 fue aprobada por la Corte Constitucional.

Como sabemos, Colombia padeció por más de medio siglo múltiples atentados terroristas. Recién en el pasado gobierno de Juan Manuel Santos se firmó el polémico Pacto de La Habana. Es cierto, dicho pacto disminuyó la violencia y las muertes en nuestro vecino país. Sin embargo, en el presente ningún ex cabecilla de las FARC está siendo procesado penalmente por la justicia colombiana. Por el contrario, a este grupo guerrillero se les brindó amnistías y beneficios políticos. Diez ex guerrilleros hoy son parlamentarios, colocados sin el voto popular. Asimismo, el líder de las FARC, Timochenko, fue habilitado para postular a la presidencia. De esta manera, el Pacto de la Habana, más que un tratado de paz, significó una forma de rendición del Gobierno colombiano. En este escenario, la mayoría de colombianos que llevó a la presidencia a Iván Duque, por su posición en contra de dicho tratado, espera la desaprobación de la JEP.

Antes de llegar a la presidencia, Iván Duque ya se había mostrado totalmente en contra de la EJP, por tratarse de una herramienta de las FARC para librarse de la justicia colombiana. El Pacto de La Habana abrió puertas para que el ELN intentara someter al Estado —tal como lo hicieron las FARC— a su propia lógica de negociación. Sin embargo, Duque no accedió a las presiones de este grupo narcoterrorista. Por el contrario, se ha mantenido firme en la lucha contra el terrorismo y ha ofrecido una recompensa de  US$ 1.3 millones por la captura de cabecillas disidentes de las FARC y del ELN.

Todo parece indicar que Iván Duque se mantendrá firme en su posición. De aprobarse el EJP se cedería un mayor terreno al terrorismo que el otorgado por Juan Manuel Santos a las FARC en el Pacto de La Habana. En cualquier caso, la situación de Colombia nos debería llevar a revalorar el triunfo de los peruanos sobre el terrorismo senderista, que llegó a controlar un tercio del área rural. Colombia se desangra por más de cinco décadas. Los peruanos derrotamos a uno de los grupos terroristas más letales del planeta en una década, sobre la base de una alianza entre el Ejército, los campesinos y los ciudadanos del Perú.