Colombia: la paz que no se alcanza

En la semana pasada, Colombia se volvió a teñir de sangre. Luego de firmada la “paz” con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó un cochebomba contra la Escuela de Policía General Santander, dejando 21 muertos y 73 heridos. El terrorismo y el narcotráfico —esa letal alianza que destruye sociedades, generaciones y dinamita las democracias— expresó con claridad su punto de vista. El sueño de los progresistas de establecer la paz sobre la base de la renuncia de la autoridad estatal se hizo añicos, porque el Estado colombiano reaccionó recuperando reflejos.

En el acto, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que se cancelaban los diálogos que el Gobierno desarrollaba con los plenipotenciarios en La Habana, y solicitó al gobierno de Cuba la inmediata captura de los integrantes del ELN que “negociaban” en Cuba por su condición de terroristas y asesinos de policías. Duque no solo canceló el diálogo con el ELN, sino que advirtió —con respuestas claras— a los países vecinos que prestaran cualquier tipo de ayuda a los terroristas. Una clara alusión al papel de Venezuela, país que más de una vez contemporizó con la estrategia de los grupos terroristas.

La insistencia del mandatario colombiano para que Cuba entregue a los diez miembros del ELN que negocian en la isla cogió por sorpresa a los colombianos y a América Latina. Revelaba un cambio de rumbo radical, un giro de 180 grados en la conducción del Estado colombiano con respecto a las negociaciones de paz que impulsó el ex presidente Juan Manuel Santos, y que culminaron en el acuerdo de paz con las FARC. Los señalados acuerdos siguen siendo el origen de una grave polarización política en Colombia, sobre todo por las exoneraciones de la justicia a los ex terroristas acusados de diversos crímenes. Y también por las ubicaciones alcanzadas en el Congreso Nacional.

Para todos los sectores que observaron con recelo los acuerdos promovidos por el ex presidente Juan Manuel Santos y la cúpula terrorista de las FARC, el atentando del ELN —en plenas negociaciones— no representa sorpresa alguna. La estrategia terrorista busca obtener ventajas sobre la abdicación de la autoridad estatal. Ese cochebomba solo forma parte de una estrategia para arrinconar al Estado y conseguir las mejores condiciones. Al respecto, el ex presidente Álvaro Uribe tuiteó: “¡Qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo!”.

Como se aprecia con meridiana claridad, los acuerdos de Santos con las FARC —antes que construir la paz— han desencadenado enconos y polarizaciones que dividen a los colombianos. Pero también alimentan estrategias audaces de las guerrillas narcoterroristas, que ven en los diálogos con el Estado una posibilidad de conseguir ventajas impensadas en la legalidad o una posibilidad de seguir propagandizando sus proyectos terroristas. Cualquiera fuese la realidad, luego del cochebomba del ELN, la paz en Colombia aparece muy lejana. En este contexto, quizá Santos debió considerar el resultado del referéndum en el que los colombianos se pronunciaron en contra de la abdicación de la autoridad del Estado.

Sin importar el resultado final, la experiencia colombiana representa una enorme lección para los peruanos, sobre todo considerando que en nuestro país se derrotó a uno de los terrorismos más letales del planeta. Y el principio parece ser bastante claro: sin autoridad del Estado no hay paz duradera.