Desde marzo pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ...
Luis Fernando Camacho, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, fue detenido el miércoles por policías armados, en una operación que la mayoría de bolivianos ha calificado como un "secuestro", realizado por el Gobierno de izquierda de Luis Arce. Al día siguiente, un tribunal ordenó que Camacho permaneciera en prisión preventiva durante cuatro meses. Increíblemente el fiscal estatal Omar Mejillones dijo que mantenerlo bajo custodia era solo una "medida de precaución".
Desde Santa Cruz, Camacho encabezó, hace tres años, las protestas que llevaron a la renuncia del expresidente de izquierda Evo Morales, y que llevaron a que la entonces presidenta del Senado, Jeanine Añez, asumiera la presidencia de Bolivia. Ella cumplió con el encargo y entregó el poder a un sucesor elegido democráticamente. Cabe recordar que Añez también fue detenida por el actual Gobierno boliviano, el 12 de marzo de 2021; y poco después, en el marco de la causa denominada «golpe de Estado», sería condenada injustamente a diez años de prisión.
La oficina del fiscal estatal dijo que Camacho, de 43 años, fue arrestado como parte de una investigación sobre los hechos que llevaron a la salida del cargo del presidente Morales en 2019, que describió como un "golpe de Estado". La orden de arresto, emitida en octubre, dice que enfrenta cargos de "terrorismo", sin dar más detalles. A ello se añade que la detención se hizo de manera irregular, pues los policías no estaban uniformados ni se identificaron como tales. Ha sido más un secuestro que un arresto.
Graciela Ortiz, una asistente de Camacho que estuvo con él durante su arresto, dijo que una camioneta blanca interceptó su vehículo. “Se bajaron personas vestidas de negro y con pistolas, y empezaron a golpear las ventanas. Ni siquiera nos dijeron que saliéramos, simplemente les pegaron con la parte de atrás de las armas”, dijo a una agencia internacional de noticias. Rápidamente Camacho fue trasladado en helicóptero a La Paz, donde pasó la noche en un calabozo policial. En un comunicado emitido por su oficina, Camacho dijo que había sido "brutalmente secuestrado" y desestimó las acusaciones en su contra.
Camacho es una figura divisiva en Bolivia, y su detención ha generado una gran agitación política. Sus seguidores temen que Camacho pueda enfrentar un destino similar al de Añez, y en protesta han bloqueado caminos en Santa Cruz e incendiado la oficina del fiscal general. También interrumpieron brevemente las operaciones en los dos aeropuertos de la ciudad, en un aparente intento de evitar que Camacho fuera trasladado a La Paz. La violencia se extendió a toda la capital cruceña. Seguidores de Camacho han ocupado las más importantes calles y bloqueado el tránsito en gran parte de la ciudad, y la represión de los uniformados ha generado numerosos enfrentamientos. Antes del fin de la noche se habían incendiado diversos inmuebles y hasta el domicilio del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
Los disturbios en Santa Cruz, el motor económico de Bolivia y su región agrícola más grande, tienen el potencial de causar trastornos mucho más allá de los límites de la provincia.
El mes pasado, una huelga general de 36 días en Santa Cruz le costó a Bolivia pérdidas estimadas en US$ 1,000 millones. Camacho estuvo entre los líderes de esas huelgas, que exigían que un censo retrasado se adelantara un año. Los residentes de Santa Cruz creen que el censo –originalmente programado para 2022, pero retrasado por el actual Gobierno hasta 2024– reflejará su creciente poder y población. Y que, como resultado, se les otorgarán a Santa Cruz más escaños en el Congreso y se le asignarán mayores ingresos fiscales.
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