2018: ¿una Colombia nueva?

Los temas de la posguerra siguen tensando a una Colombia polarizada entre quienes señalan y alertan de los peligros que desata la participación electoral de los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y quienes sostienen que la legalidad electoral de los terroristas es el camino más seguro para desmantelar la violencia y organizar un proceso de paz estable y duradero. En este contexto, la Unión Europea (UE) retiró esta semana de su lista de organizaciones terroristas a las FARC, no obstante todos sus pasivos de sangre y muerte. Y días después el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue homenajeado —por haber impulsado la paz en su país— en el Legislativo de Portugal. En este evento el presidente colombiano señaló que la firma, ese acuerdo histórico, es “solo el principio”, porque hay medidas pendientes, como la eliminación de minas, la lucha contra el narcotráfico, el impulso de programas de desarrollo rural y la sustitución de los cultivos ilícitos.

Se debe recordar que luego de más de cincuenta años de combate, que dejaron 220.000 muertos y millones de desplazados, si la guerrilla más antigua de América quiere incorporarse a la democracia el camino será largo, ancho y ajeno, porque tiene que existir voluntad. En octubre, los ex guerrilleros de las FARC anunciaron que se presentaban como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Sin embargo no aprovecharon el lanzamiento para desvincularse del pasado terrorista y postularon a su líder, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, como candidato a las elecciones presidenciales en mayo del 2018, y a otros dirigentes como aspirantes a las elecciones al Congreso. Todo esto sucedía no obstante que existe la clara posibilidad de que todos los señalados candidatos sean juzgados por crímenes cometidos en el desarrollo de la guerrilla y el terror.

El tema es un punto clave que deberá resolver la Corte Constitucional, porque la participación en política —que norma el artículo 20 del Acto Legislativo 01 del 2017— aparentemente no estaría impedida por las penas y sanciones contra los ex guerrilleros. En otras palabras, las sanciones no serían causa de inhabilitación para participar en política. En este contexto, esta semana los magistrados de la Corte empezaron la discusión acerca de si es posible interpretar el mencionado artículo de tal manera que se autorice a los ex guerrilleros a participar en política, pese a las sanciones e inhabilitaciones disciplinarias; o si se requiere que el Congreso tome cartas en el asunto. En medio de esta situación, la posibilidad de un candidato de la FARC y la decisión del ex presidente Álvaro Uribe de apoyar directamente a un candidato nos indican que Colombia seguirá sumergida en la polarización.

En todo caso, la democracia y la sociedad en su conjunto deberán hilar fino para lograr la integración de estos millares de personas que solo conocieron el lenguaje de las armas. Tendrá que haber una gran inversión en educación, salud y carreteras para unir a un país que ha sufrido tanta violencia.