Una de las grandes reformas que debe enfrentar el Perú es la re...
De pronto la energía barata, una de las ventajas comparativas de la economía peruana por sus reservas de gas, desaparece en un solo acto por el accidente en un gasoducto, y toda la economía es empujada al borde del abismo. Se anuncian 14 días de racionamiento de gas natural, se restringe el insumo para el transporte privado, para las generadoras de electricidad y las industrias en general con el objeto de mantener el suministro de gas natural a 2.3 millones de hogares en el Perú. Algunas industrias se ven obligadas a paralizar por falta de energías alternativas. Horas más tarde se anuncian clases virtuales para los alumnos y teletrabajo para el sector privado.
El Perú parece una sociedad con su infraestructura destruida por una guerra convencional.
Que el presente y el futuro del Perú dependa del accidente de un tubo es demasiado. Es el promedio final de la guerra política que se iniciara dos décadas atrás y que se multiplicó con la sucesión de ocho jefes de Estado en un periodo en el que debió haber solo dos.
En cualquier país del planeta un sistema de transporte de gas siempre construye un sistema alternativo porque puede haber accidentes, terremotos o imprevistos que afecten el suministro. En el Perú sucedió el accidente, pero el Estado siempre estuvo ausente. Y si a esta imprevisión le sumamos la falta de inversión en exploraciones de nuevos yacimientos de gas, entonces de qué nos vale que se haya multiplicado el PBI hasta representar US$ 300,000 millones si la rotura de un tubo lo puede paralizar todo. ¿De qué nos valen los avances en la lucha contra la pobreza si el accidente del gas puede congelarlo todo y comenzar una peligrosa involución de los logros?
La soberanía energética de un país es igual al sistema de seguridad nacional y la defensa de la soberanía nacional. En realidad, son dos caras de una misma moneda. Si una cara no existe o falla, entonces lo mismo sucede con el otro lado de la moneda.
En el Perú entre el 45% y 50% de la energía eléctrica proviene de termoeléctricas que utilizan gas natural; es decir, provienen del gas de Camisea. Es la principal fuente de energía de las industrias porque es la más barata y la más asequible. La otra mitad de la electricidad es producida por hidroelectricidad generada por represas e hidroeléctricas en los Andes. Y entre el 5% y el 10% corresponde a la energía solar, eólica y otros.
Es evidente que el Perú ha llegado al accidente del gasoducto con todas las imprevisiones e irresponsabilidades acumuladas. He allí los 14 días planteados de virtual parálisis de la economía. Sin embargo, luego del accidente, persistir en el yerro sería una virtual traición a la patria.
Una de las primeras cosas a definir es qué consideramos soberanía energética de un país. En ese sentido, se deben superar todos los proyectos estatistas que han destruido la independencia energética de los países latinoamericanos. Los ejemplos de Venezuela y Bolivia son aleccionadores. Es evidente que la soberanía implica la capacidad de un Estado de utilizar todos sus recursos energéticos, pero la única posibilidad de una sociedad de emplear sus recursos energéticos se desarrolla a través de la inversión privada con altas concentraciones de capital y tecnología. En energía estamos casi frente a una ley física. Sin una alianza público-privada real y efectiva no hay energía.
El otro tema central es que el Perú necesita desarrollar y aprobar un Plan Maestro de Energía que se extienda por lo menos hasta los próximos 50 años y que se actualice cada cinco años –tal como sucede en Chile–, con las grandes transformaciones del mundo y de las tecnologías. El señalado Plan Maestro debe estar por encima de los gobiernos y las corruptelas de los burócratas, y el abandono del mismo debe ser considerado un atentado contra la seguridad nacional.
















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