¡Tía María va de todas maneras!

El ministro del sector Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, ha reconocido en Arequipa que el Estado está ausente con respecto al proyecto Tía María, en la provincia de Islay (Arequipa). El Ejecutivo de Martín Vizcarra no ha logrado establecer una estrategia de comunicaciones que informe a los pobladores de Islay sobre la manera como el proyecto Tía María reducirá pobreza y acrecentará el desarrollo, sin afectar a las actividades agropecuarias del valle de Tambo. Sin embargo, el titular del MEM ha señalado que espera que este año Southern Perú, concesionaria de Tía María, obtenga la licencia de construcción de la mina.

Como ya sabemos, Marco Arana (del Frente Amplio) y numerosas ONG del ambientalismo ideológico juegan en contra de las inversiones mineras. El crecimiento económico y el desarrollo social del país están en peligro por la estrategia violenta desarrollada por piquetes de antimineros desplegados en el Corredor Minero del Sur (Arequipa, Apurímac y Cusco) y en Cajamarca (en contra de Michiquillay), que buscan detener la producción de más de 60% del cobre nacional. Mientras la izquierda antisistema desarrolla sus actividades de desinformación, el Estado renuncia, con su pasividad, a su responsabilidad de promover las inversiones privadas para luchar contra de la pobreza.

Como se sabe, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María fue aprobado en 2014. Ese EIA es principal requisito para iniciar las operaciones mineras. La llamada “licencia social” forma parte del EIA, que es aprobado en audiencia pública por las autoridades locales, funcionarios estatales, presidentes de las asociaciones locales y pobladores en general.

El proyecto Tía María cumplió con todos los requisitos que establecen los estándares internacionales de cuidados del medio ambiente. Además, cumplió con un estricto programa de talleres informativos en los poblados de las zonas de influencia minera, y organizó diferentes actividades de participación ciudadana para someter a discusión el proyecto, para que la población desarrolle sus observaciones. Pero el EIA elaborado y gestionado por Southern corre el peligro de perder valor pasados cuatro años. Si Tía María no empieza, por falta de licencia de construcción de la mina, la responsabilidad será de las autoridades y del Estado, influenciados y paralizados por el círculo antiminero que ha desplegado todas sus fuerzas en contra del proyecto cuprífero.

En 2014, los pobladores arequipeños entendieron las ventajas de la minería moderna y responsable, que preserva el medio ambiente y favorece a las actividades agropecuarias mediante la construcción de reservorios de agua y propicia actividades de regadío. Sin embargo, todo cambió cuando llegaron los activistas antimineros difundiendo leyendas y mitos en contra las inversiones mineras.

Comics como el divulgado por el medio antiminero Ojo Público (OP) distorsionan la realidad con relatos falsos sobre la minería moderna y responsable, instalada en Perú hace más de 20 años. El cómic La guerra por el agua, de OP, asume la defensa de un grupo de supuestos dirigentes comunales que en 2015 realizaron manifestaciones violentas en contra de Tía María. El resultado de la barbarie fueron tres pobladores muertos y más de 200 heridos. Los violentistas de esos días son ahora candidatos en el proceso electoral del próximo domingo.

Jaime de la Cruz en la provincia de Islay, Jesús Cornejo en el distrito Dean Valdivia y Julio Cornejo (hermano de Jesús) en Cocachacra son candidatos del Frente Amplio, un claro movimiento antiminero. En abril de 2015, durante los actos violentos en contra del proyecto Tía María, la policía logró identificarlos como los principales instigadores. De la Cruz y Jesús Cornejo, por entonces presidente de la Junta de Usuarios Tambo, están vinculados con Pepe Julio Gutiérrez, el dirigente antiminero que extorsionaba a la minera Southern (“si no hay ‘lentejas’, arderá Troya”) no obstante que, en esos momentos, una encuesta de Ipsos Apoyo indicaba una opinión favorable al proyecto de 60% de la población, mientras 29% estaba en contra.

El cómic de OP presenta a los llamados “espartambos” (violentistas con las caras cubiertas, escudos de madera, hondas y palos) como si fueran auténticos defensores del agua. En esa ficción los policías aparecen como la fuerza represiva al servicio de los intereses privados, como si los intereses de las empresas fuesen contrarios a los intereses de la sociedad y la policía fuese actuase violentamente contra los “explotados”. Es decir, un discurso claramente marxista que se comienza a difundir sin anestesia alguna.