¡Sin peajes, solo queda el Estado empresario!

En medio de la crisis de gobernabilidad, que se expresa en la segunda moción de vacancia presidencial y los choques Ejecutivo-Legislativo, los peruanos comenzamos a acostumbrarnos a situaciones que, poco a poco, desmontan el modelo económico de los últimos 25 años, que nos ha permitido reducir pobreza como nunca en nuestra historia. La ciudadanía, por ejemplo, empieza a aceptar que Indecopi modifique el modelo de negocios de los cines, que el ministro de Salud defienda los octógonos prohibitivos en contra de la industria alimentaria y que la izquierda haga pasar normas como la llamada “ley de cabeceras de cuenca”, que busca bloquear la producción de cobre del Perú.

En medio de esta situación se presenta el caso Lava Jato, que compromete en procesos de investigación al Estado peruano, a constructoras brasileñas, y algunas compañías peruanas. En este contexto la izquierda intenta desprestigiar a las asociaciones público privadas (APP), las obras por impuestos (OxI) y otras modalidades de inversión privada mediante concesiones. El objetivo: que la solución de los problemas de infraestructura solo se haga mediante obra pública. Si algo así sucede, se habría acabado el modelo económico del último cuarto de siglo, arrasado con el capítulo económico de la Constitución de 1993 e instaurado la obra pública del Estado empresario del viejo modelo velasquista y del desastre bolivariano actual.

Como parte de esta ofensiva antiempresarial se intenta cancelar los peajes que sirven para sostener la inversión privada en infraestructuras. En el caso de la concesión vial Rutas de Lima todos los peruanos hemos contemplado la violencia del radicalismo, que ha terminado con la cancelación del peaje que avanza de Lima hacia Ancón. Algo parecido sucede con la instalación de un peaje en Ticlio, que la empresa Deviandes debe realizar de acuerdo a un contrato con el Estado y por las inversiones realizadas. Sin embargo ante la protesta de los transportistas el presidente Kuczynski se zurró en la Constitución y demandó que no se instalara la caseta de peaje.

¿Cuál es la relación de un peaje con la inversión privada en infraestructura? Tomemos el ejemplo de Rutas de Lima. Esta concesión con 100% de inversión privada (el Estado no aporta un sol) está encargada de 31.5 kilómetros en la Panamericana Norte, de 29 kilómetros de la Ramiro Prialé y de 54.1 kilómetros de la Panamericana Sur, que representan la atención de más de 1.6 millones de usuarios/día. Con un compromiso de más de S/ 2,500 millones en inversión, Rutas de Lima ya ha invertido S/ 1,900 millones. Es decir, más del 70% de la inversión comprometida.

Para seguir entendiendo el problema. De acuerdo a la concesión, Rutas de Lima ha construido cuatro intercambios a desnivel en la Panamericana Norte, el túnel de Benavides (de 800 metros) en San Juan de Miraflores, 60 obras menores en la Panamericana, el Intercambio vial El Derby (que no avanza por falta de expropiaciones) y otras construcciones menores. La sostenibilidad del negocio se basa en los peajes de Villa El Salvador y Puente Piedra. Pero los radicales han eliminado uno de los peajes y las autoridades no dicen ni pío.

¿Para qué sirven los peajes? Principalmente para el mantenimiento y operación de la vía, y luego para recuperar la inversión. Por ejemplo, Rutas ha recaudado alrededor de S/ 850 millones en peajes, pero ha destinado S/ 750 millones a mantenimiento y operación. En Rutas de Lima no se ha destinado un solo sol a dividendos —es decir, a utilidades de los inversionistas— porque el contrato de concesión establece claras prioridades: primero el mantenimiento y la operación.

Sin embargo el radicalismo, el populismo, y los congresistas demagogos han comenzado a enfilar contra esta concesión arguyendo que Rutas de Lima es “producto de la corrupción”. Como se aprecia, la concesión es impecable en términos técnicos. Y si hubo corrupción debe ser investigada y sancionada por la justicia, sin afectar la inversión. Peor aún cuando un fondo de inversión internacional como Brookfield Asset Management —que maneja US$ 250,000 millones de activos en 30 países— ha adquirido el 57% de la participación de Odebrecht.

Las toneladas de mentiras y leyendas en contra las APP, las OxI y los peajes, forman parte de la misma estrategia de los sectores antimineros que pretenden paralizar la producción de cobre del Perú para que las propuestas anticapitalistas avancen en el país. ¡Debemos reaccionar!