Petroperú: la silenciosa nacionalización de la política petrolera

Ni en el Gobierno de Dina Boluarte ni en la mayoría del Congreso parece existir la voluntad de detener la sangría de recursos que ha significado el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara de Petroperú y la suma de ineficiencias de la empresa estatal. Muy por el contrario, todo indica que la decisión del Ejecutivo es implementar una silenciosa nacionalización de la política petrolera a través de la adjudicación directa a Petroperú –al margen de licitaciones– de los lotes petroleros I, VI y Z-69 en el norte del país.

De alguna manera el nombre y apellido de izquierda del Gobierno de Boluarte se deja en claro con esta voluntad de seguir reforzando a Petroperú, no obstante el estrepitoso fracaso económico y financiero de la mencionada entidad estatal. En el primer semestre de este año Petroperú reportó pérdidas por más de US$ 380 millones, convirtiéndose en devastador ejemplo de ineficiencias y ausencia de gobierno corporativo. 

En este contexto, los peruanos ya nos estamos acostumbrando a los préstamos de salvataje financiero que suele solicitar la corporación estatal bajo el argumento de que atiende la oferta de combustibles en provincias a las que no llega el sector privado. Si bien la argumentación tiene una parte de verdad, es hora de denunciar la sangría de recursos nacionales a todos los peruanos. Y es hora también de contemplar algún tipo de salida al pantano interminable en que se ha convertido Petroperú.

Según ha informado ComexPerú, la entidad estatal de petróleos ha solicitado la capitalización del apoyo financiero de US$ 750 millones que se le otorgó el año pasado. En otras palabras, Petroperú no devolverá el préstamo. Asimismo, ha solicitado otra línea de crédito del orden de los US$ 1,000 millones. Y como si todo eso fuera poco, está demandando un aporte de capital de S/ 5,573 millones. Sobre este monto, ComexPerú ha señalado que este posible aporte de capital representaría alrededor de cinco veces el presupuesto de Pensión 65 y de tres veces el de Qali Warma

Cuando se presentan estas cifras todos tenemos el derecho legítimo de preguntarnos si acaso en el Gobierno de Dina Boluarte existe la consciencia de que todas estas medidas, inevitablemente, llevan a que el sector de hidrocarburos se nacionalice lentamente. La consecuencia absurda de esta política sería reeditar el estrepitoso fracaso de la nacionalización del gas de Bolivia, implementada por Evo Morales y el eje bolivariano. El resultado de esta mala política es que en el país altiplánico se dejó de invertir en exploraciones y, de pronto, se agotaron las reservas y Bolivia avanza a convertirse en un importador neto de gas.

Y como para recordarnos que las nacionalizaciones empobrecen a los pueblos y destruyen las economías nacionales, la justicia de los Estados Unidos acaba de condenar a la Argentina a pagar alrededor de US$ 16,000 millones por la nacionalización de YPF. Venezuela, el país que todavía tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, luego de la nacionalización de PDVSA ha pasado de ser una sociedad de clases medias a otra con un 80% de la población debajo de la línea de pobreza.

Es evidente, pues, que las nacionalizaciones explícitas o encubiertas –como el caso peruano– son los peores negocios para los pueblos. En ese sentido, el Ejecutivo debe reformar el marco normativo para atraer inversión privada para la exploración y explotación del petróleo, porque si el país quiere tener un plan estratégico para el sector hidrocarburos, inevitablemente, debe basarse en el protagonismo principal del sector privado. Lo demás es fomentar la ineficiencia, la sangría estatal de recursos y la corrupción. 

Por esas razones, debe contemplarse la posibilidad de que Petroperú sea declarada en insolvencia para que el sector privado, a través de la junta de acreedores, asuma el control de la empresa estatal, desarrolle una política de saneamiento financiero y se establezca el escenario para que el Ejecutivo y el Congreso contemplen la posibilidad de privatizar Petroperú, una suma de ineficiencias que sigue desangrando el fisco nacional.