Perú y el sistema de propiedad de las potencias mineras

Las bancadas de la izquierda colectivista y los sectores populistas han planteado modificar el sistema de propiedad minera argumentando una serie de inexactitudes, sobre todo el de las llamadas “concesiones ociosas”. Antes de desarrollar el tema nos gustaría señalar que el sistema de propiedad de la minería en el Perú, en cuanto al sistema de concesiones, comparte los criterios básicos de las legislaciones mineras de Canadá, Australia, Chile y todas las potencias mineras del planeta.

Por otro lado, ya se trate del sistema latino de concesiones en que el Estado es propietario del subsuelo o el sistema de algunos Estados de los Estados Unidos en que las comunidades y ciudadanos son propietarios de la superficie y del subsuelo, las empresas que explotan el mineral o los recursos naturales son grandes corporaciones que reúnen alta intensidad de capital y tecnologías de punta. El objetivo: elevar la productividad de la mina y preservar el medio ambiente para las futuras generaciones con alta concentración de capital y tecnologías.

Sobre este tipo de corporaciones en los señalados países se encadenan el papel de las medianas y pequeñas mineras. En el Perú el populismo pretende invertir la discusión del tema.

Planteadas las cosas así, el único responsable de la informalidad –que es de naturaleza distinta a la minería ilegal– es el Estado. ¿Por qué? En el país apenas el 14% del territorio nacional está concesionado. Hay enormes posibilidades entonces de hacer minería y de formalizar. La informalidad existe por el fracaso de los gobiernos regionales y las sobrerregulaciones absurdas del gobierno central y la falta de voluntad de enfrentar el problema. Sobre esa realidad avanza la minería ilegal que asalta y viola la concesión formal, la propiedad de las empresas.

En alrededor del 10% de las concesiones de las empresas formales se produce el conflicto y el avance de la minería ilegal, sobre todo en la provincia de Pataz en La Libertad y en el Corredor Minero del sur. Y las invasiones de las concesiones, el robo de la inversión y el trabajo de otros pretende legalizarse a través del concepto de concesiones ociosas.

Una concesión en el Perú tiene un promedio de 10,000 hectáreas. El título se otorga luego de que una empresa ha encontrado una cantidad de reservas con proyecciones de ampliar las posibilidades de explotación de mineral a través de la exploración. Luego de otorgada la concesión la empresa acude al sistema financiero internacional con el objeto de conseguir entre US$ 1,200 millones a más US$ 10,000 millones para desarrollar la inversión (no es posible que ese dinero exista en la caja de las corporaciones. Imposible). 

Con ese crédito la compañía empieza a explotar el mineral mientras desarrolla una labor frenética de exploración en la concesión con el objeto de aumentar las reservas probadas de mineral y prolongar la vida útil de la mina. El objetivo es aumentar la rentabilidad de la inversión luego de pagar el crédito. Con la incesante exploración es evidente que gana la rentabilidad de la empresa, pero gana el país con el aumento de las reservas probadas y las proyecciones de recaudación fiscal, ganan los gobiernos regionales, los municipios y, sobre todo, gana la lucha en contra de la pobreza.

El conflicto con la minería ilegal se produce en alrededor del 10% de las concesiones en donde se explota o se explora el mineral. El caso de Las Bambas es un asunto dramático: el tajo Sulfobamba de esta empresa está invadido no obstante que representa una inversión de más de US$ 10,000 millones.

En las concesiones de la minería formal, entonces, no hay concesiones ociosas sino concesiones en exploración o que van a ser explotadas. Es imposible que una empresa que pelea por incrementar su rentabilidad abandone áreas al ejercicio de la especulación.

Si el Congreso aprobara una norma que legalice el criterio de las concesiones ociosas clavaría una estocada letal en el desarrollo de la minería moderna en el país.