Perú en guerra, Chile en carrera

La República peruana está sumida en una guerra política por única responsabilidad del presidente Vizcarra, quien ha decidido que la mejor manera de evitar la caída libre de su popularidad es desarrollando una confrontación a todo nivel con el Legislativo. Al cierre de esta edición, en el Congreso se debatía si se aceptaba o no la cuestión de confianza planteada por el Gabinete Del Solar, que proponía plazos perentorios para aprobar la reforma política y constitucional, y los temas a sancionarse. Más allá de que el Ejecutivo haya bajado el tono en esa presentación, de ese desenlace dependía que se cierre o no el Congreso.

En un escenario de ese tipo, ¿qué política pública puede estar en el centro de la agenda nacional del Ejecutivo y del Legislativo? ¿Acaso se puede discutir sobre el relanzamiento de la economía, la reforma laboral, las reformas educativas y de salud, y el impulso de las inversiones de infraestructuras? Es imposible. ¿Acaso la opinión pública puede vigilar que el Ejecutivo otorgue o no la licencia de construcción al proyecto Tía María? ¿Acaso se puede supervisar la marcha de la inversión en Michiquillay o las responsabilidades del Estado en el conflicto de Las Bambas y el Corredor Minero del Sur, que produce más del 50% del cobre nacional? Imposible

Mientras Perú se sumerge en una guerra política, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha convocado al Congreso de su país a un acuerdo nacional e invocado a los parlamentarios a aprobar las propuestas de reforma de pensiones, laboral, tributaria y de salud. Además, presentó un plan de infraestructuras para el periodo 2018-2022 que suma inversiones por US$ 20,000 millones en trenes, puertos, carreteras y transportes público. Para el mismo periodo, Piñera también anunció US$ 65,000 millones en inversiones en minería. Considerando que Chile tiene uno de los PBI per cápita más altos de América Latina, las reformas e inversiones anunciadas por Piñera señalan que el país del sur se enrumba hacia el desarrollo. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el PBI per cápita de Chile al 2022 superaría los US$ 30,000 medido por paridad de compra.

¿Qué extraño maleficio, entonces, parece haber caído sobre el Perú? En el preciso momento en que existían todas las condiciones para encaminarse hacia la ruta del desarrollo, implementando una segunda generación de reforma, el país se sumerge en una guerra que anula cualquier posibilidad de política constructiva.

En la guerra política no hay reforma que asome, excepto aquellas (las llamadas reformas políticas) que solo desatan polarización y recrudecen los enfrentamientos. Ni siquiera el Ejecutivo o el Legislativo han sido capaces de ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, que establece un régimen tributario y laborales especiales para los agroindustria —considerando la estacionalidad de los cultivos— y que explica una impresionante reducción de pobreza y la emergencia de una clase media en el campo.

Con el desarrollo de la guerra política, el Ejecutivo ignora sus responsabilidades con la gobernabilidad, el crecimiento y la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María se vence en agosto, si el Gobierno no autoriza la licencia de la construcción de la mina. ¿Por qué no se otorga hasta ahora? Implementar Tía María sería relanzar las inversiones mineras en el Perú. Si el Perú ejecutara su cartera de proyectos mineros, crecería por encima del 5% en promedio y la pobreza se habría reducido mucho más.

La guerra política no solo bloquea reformas, sino que ya le pasa la factura al modelo. En el primer trimestre de este año la economía creció 2.5% en promedio, una cifra absolutamente insuficiente para reducir pobreza. Mientras tanto la inversión privada —que antes representaba cerca del 25% del PBI— sigue su tendencia a la baja; más allá de que el 2018 haya aumentado en 4%, luego de cuatro años de desplome. A este paso, todos parecemos servirle la mesa a las propuestas antisistema.