Organizar bosques contra taladores ilegales

 

Según el Comité de Madera del Gobierno norteamericano, Perú no ha cumplido sus compromisos firmados en el Acuerdo de Promoción Comercial sobre el comercio ilegal de madera. En marzo pasado (por segunda vez en los últimos dos años), las autoridades estadounidenses solicitaron a Perú la verificación de tres embarques de madera que arribaron a ese país en 2017.

De acuerdo al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), dos de los embarques verificados completaron todas las normas correspondientes y validaron su origen y los procesos de industrialización en las plantas de tratamiento. El otro embarque (el número 2, de 56.39 metros cúbicos), no “proviene del título habilitante (contratos de extracción de madera) y Plan de Manejo Forestal aprobado”. En ese contexto, por no haberse confirmación el origen legal de la madera, las autoridades peruanas han tomado las acciones legales correspondientes.

Irresponsabilidades y complicidades, como las ocurridas con ese “embarque número 2” están siendo corregidas progresivamente por el D.L. Nº 1283, publicado en diciembre 2016 por el Gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. El decreto modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 29763) y establece la simplificación administrativa para todos los trámites comprendidos en la ley. La modificación más importante es la extensión de las concesiones por 40 años en territorios de 40,000 hectáreas (ha), ya no por 20 años y en territorios de 20,000 ha.

La novedad del DL es que, sin más trámite, el concesionario solo debe inscribir las plantaciones en el registro correspondiente, sin necesidad de hacer el cambio de uso. Para retirar los recursos forestales ya no se necesita cambiar el uso de un área considerada para la agricultura. Sin embargo, vale señalar que, junto a estas reformas legales proinversión, se necesita resolver la grave ausencia de derechos de propiedad sobre los bosques amazónicos y el déficit de infraestructuras. Sin derechos de propiedad y sin conectividad parece imposible sostener una política forestal y combatir la tala ilegal.

Perú ocupa el noveno lugar a nivel mundial por los bosques amazónicos peruanos; sin embargo, la actividad forestal peruana no logra incluso abastecer al mercado interno con el tipo de madera deseado por los consumidores. Chile exporta recursos forestales por más de US$ 6,000 millones y Perú no supera los US$ 120 millones. ¿Qué está pasando?

La ilegalidad campea en los bosques amazónicos. ¡Es el colmo que un embarque de madera ilegal pueda llegar a un puerto norteamericano! No hay forma de obtener registros confiables sobre la cantidad de madera que estaría siendo extraída de manera ilegal. De acuerdo al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), las alertas tempranas recibidas sobre la tala y extracción ilegal de madera corresponden a porcentaje menores de la totalidad de la ilegalidad del sector. Recientemente, el organismo alertó sobre la extracción ilegal de más de ¡60 millones de pies tablares de madera!, cantidad que representa unos S/ 108 millones.

La crisis forestal en el país se agudizó durante el Gobierno de Alejandro Toledo. Los contratos de extracción de madera (concesiones) se establecieron de manera política, beneficiando a un círculo de personas naturales (no jurídicas) sin capacidad financiera y técnica, requisitos básicos para llevar adelante proyectos de forestación de largo alcance. Años después, muchas concesiones fueron abandonadas y hoy se encuentran en procesos administrativos o judiciales. Concesiones que están siendo ocupadas por taladores ilegales y contrabandistas que depredan la selva amazónica; y sin control alguno, por la falta de logística estatal para impedirlo. El D.L. Nº 1283 presenta avances, pero no suficientes.

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 120,000 hectáreas de bosques corren el riesgo de ser taladas de manera ilegal cada año. A entender de este portal, el Estado debe fomentar la propiedad en las comunidades e iniciar la construcción de suficiente infraestructura productiva (carreteras, puertos, energía eléctrica, servicios educativos y médicos, justicia y seguridad) para integrar a las comunidades dentro del plan de protección y explotación legal de los recursos naturales.

La mejor interdicción en contra de los taladores ilegales y contrabandistas es el campesino organizado, con capacidad para explotar la riqueza de sus bosques con la colaboración de inversionistas forestales, que saben y conocen de la actividad. Al defender lo suyo, estos campesinos alejarán a la ilegalidad.