Algunos días después de la APEC, poco a poco, el Per&uac...
Para todos es evidente que la economía peruana rebotará en el 2024, y las ondas destructivas del pasado gobierno de Pedro Castillo –que alentó la constituyente y las nacionalizaciones– ya no alcanzarán a los mercados, formales e informales. Todas las proyecciones económicas nos indican que la economía nacional en el 2024 crecerá entre 2% y 3%; sin embargo, es incuestionable que semejantes resultados nos encaminarán hacia las elecciones del 2026 como un país que aumenta la pobreza.
Como todos sabemos, el INEI acaba de registrar que la pobreza se ha incrementado al 29% de la población no obstante que, antes de la pandemia, este flagelo se había reducido al 20%. Luego del gobierno colectivista de Castillo, entonces, la pobreza se disparó. Después del golpe fallido del ex jefe de Estado lo natural debería ser que el Perú vuelva a sus indicadores sociales previos a la pandemia, sobre todo con respecto a la lucha contra la pobreza. Sin embargo, con niveles de crecimiento de menos de 3%, en el mejor escenario la pobreza se estancará; y en el peor, aumentará.
La única manera de imaginar una situación en que se reduzca la pobreza es incrementando la capacidad potencial de crecimiento de nuestra economía; es decir, desarrollando reformas que incrementen la productividad y la competitividad de nuestros mercados. Una de esas reformas es la desburocratización del Estado que, en las últimas décadas, ha llegado a convertirse en el peor enemigo de la inversión privada. Felizmente en este aspecto, al parecer, existe conciencia en el Ejecutivo e incluso en algunas bancadas del Congreso, y se comienza a avanzar en ese sentido.
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por ejemplo, se ha convertido en un abanderado de la desregulación de su sector que, en los últimos 20 años desató una verdadera orgía de sobrerregulaciones: de 12 a 265. De esta manera el Estado se convirtió en la peor muralla en contra de la inversión privada. Las cosas parecen avanzar en ese sentido, sin embargo, se necesita una acción concertada entre el Ejecutivo y el Legislativo para organizar una política de Estado en contra de la burocratización.
Otro de los aspectos relevantes para crear un escenario de crecimiento económico es avanzar hacia la reforma del sistema tributario y el sistema laboral. Sin embargo, es necesario señalar que ninguna reforma se concretará si no hay una nueva aproximación ideológica en la sociedad.
Si seguimos creyendo que el Estado es el gran redistribuidor, el gran igualador, será imposible imaginar una desburocratización exitosa del Estado. Todo no pasará de anuncios y fuegos de artificio. Asimismo, será imposible concretar una reforma tributaria, porque implica simplificar regímenes y también bajar algunos impuestos, con el objeto de ampliar la base tributaria. Y algo así solo podrá hacerse si aceptamos que el Estado debe devolver recursos al sector privado, a la empresa que crea empleo formal. Por otro lado, si continuamos con el criterio de que el trabajador debe ser protegido frente a la voracidad capitalista del empresario, será imposible establecer la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, que siempre dependen de la productividad de las empresas.
De alguna manera la idea de ruptura ideológica con respecto al papel del sector privado, de la empresa, es una de las claves que posibilitará poner en movimiento las reformas que el Perú necesita para relanzar el crecimiento y volver a reducir la pobreza. No hay otro camino.
Permanecer en el estado actual de cosas, renunciar a la confrontación ideológica y considerar que todo es un asunto técnico, no nos permitirá relanzar la expansión de la economía. Únicamente lograremos un rebote que no nos permitirá reducir la pobreza y que se convertirá en la antesala de la involución hacia el colectivismo.
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