Ministro de Trabajo, ¿enemigo de la inversión privada?

 

El clima de inversión se deteriora aceleradamente y, tarde o temprano, no solo ralentizará el crecimiento sino que empujará la expansión económica hacia abajo. El motivo: el deterioro del clima de negocios ahoga a la inversión y desalienta los proyectos de mediano plazo. Una situación de este tipo es inaceptable en una economía que ha triplicado el PBI, ha reducido la pobreza del 60% de la población a solo 20%, y ha expandido las clases medias como nunca en nuestra historia, sobre la base de la inversión privada.

En el deterioro del clima de inversión juegan muchos factores: la desinstitucionalización del país, el enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo, las normas que facultan a la autoridad tributaria a embargar los bienes del responsable legal de una empresa en caso de sospecha de elusión (sin considerar los procedimientos administrativos y judiciales), y el deterioro de la competitividad y la productividad que registran casi todos los rankings mundiales.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Cristián Sánchez, de clara orientación marxista, se ha convertido en una especie de Atila contra la inversión privada. El hombre se opone a flexibilizar la legislación laboral, es enemigo de la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, ha emprendido una “cruzada contra la informalidad en la gran empresa” (pese a que es el único espacio de formalidad) y se opone abiertamente a observar la terrible ley populista —aprobada en el Congreso— sobre la negociación colectiva de los trabajadores estatales.

Pero aquí viene lo interesante. Ante la casi quiebra de Essalud —el seguro social del Perú— el titular de Trabajo está planteando incrementar los aportes a Essalud, del 9% al 12% de la remuneración. El señalado aumento impactará directamente en la competitividad del sector privado formal, que representa el 25% del empleo y que cumple con sus obligaciones tributarias y sociales. En otras palabras, no importa la competitividad, la productividad ni los costos para el sector que crea riqueza.

Semejante iniciativa es una propuesta típicamente ideológica, anti inversión. ¿Por qué? El 85% de los ingresos de Essalud provienen del aporte de las empresas. Por este motivo, esta entidad tiene un carácter social privado —no estatal— y debería ser administrada por la sociedad. Sin embargo, el Estado —mediante una serie de normas— ha creado un forado anual de más de S/ 2,000 millones.

Como se sabe, un seguro se cotiza en base a los aportes y los servicios en promedio que recibe el asegurado. De allí que se haya establecido el aporte del 9% sobre la remuneración. No obstante, el Estado ha establecido rebajas a los aportes de los estatales. Por ejemplo, la Ley N° 30002- MINEDU rebaja los aportes al 65% de la remuneración real, con lo que Essalud deja de percibir S/ 102 millones anuales.

Igualmente el Decreto Legislativo N° 1057, que norma el sistema CAS (tipo de contratación estatal), establece que el 9% de la remuneración solo se aplica a un tope del 30% de una UIT (algo más de S/ 3,700). Si un trabajador CAS gana varias UIT, entonces solo aportará a Essalud el 30% de una sola UIT. ¡Increíble! Por este tipo de legislación Essalud deja de percibir S/ 381 millones anuales. Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1153 del Ministerio de Salud, señala que los aportes del 9% a la seguridad social se realizan sobre el 65% de la remuneración real. Por este concepto Essalud pierde anualmente S/ 72 millones.

Pero lo más grave proviene de las obligaciones que Essalud tiene que asumir con los jubilados que pertenecen a la Ley N° 20530. Como se sabe, el seguro social del Perú tenía una deuda con el Estado, motivo por el que asumió la obligación de abonar los pagos de los jubilados de la mencionada norma. Sin embargo, esa deuda se canceló en el 2007 y, por lo tanto, el Estado (el MEF y la ONP) debieron asumir esa responsabilidad. Por estos conceptos Essalud deja de percibir S/ 600 millones anuales; y considerando los últimos diez años, ha perdido aproximadamente S/ 6,000 millones.

De otro lado, las leyes 29351, 29714 y 30334 han exonerado a las gratificaciones de los trabajadores de julio y diciembre del respectivo aporte a la seguridad social. Por estas normas, Essalud deja de percibir S/ 421 millones anuales.

En otras palabras, el Estado establece exoneraciones, rebajas y todo tipo de gollerías con respecto a los aportes a Essalud, y así se crea un déficit insostenible. Y ahora el ministro Sánchez pretende seguir apretando al único sector que cumple fielmente con todas sus obligaciones. ¿Exageramos cuando lo calificamos de ministro marxista? ¿Podrá el ministro de Economía, Carlos Oliva, detener los arrestos colectivistas del titular de Trabajo? Veremos.